El congresista Luis Cordero Jon Tay, anteriormente vinculado al fujimorismo, ha presentado el proyecto de ley 7348/2023-CR, que busca iniciar de oficio un procedimiento disciplinario contra los fiscales responsables de filtraciones en procesos de colaboración eficaz. Esta medida surge en un contexto donde Cordero es investigado por un presunto caso de espionaje durante el gobierno de Pedro Castillo.
La iniciativa legislativa propone modificar artículos del Nuevo Código Procesal Penal para asegurar la reserva en el proceso de colaboración eficaz, responsabilizando a los fiscales por cualquier filtración de identidad, declaración del colaborador, o cualquier otra información relevante. Este proyecto subraya la importancia de preservar la confidencialidad y evitar el «linchamiento mediático» de los investigados, algo que, según Cordero, ha desnaturalizado el propósito original de la colaboración eficaz.
El congresista argumenta que la divulgación de información no corroborada por parte de jueces y fiscales ha comprometido seriamente la integridad de estos procesos especiales, impactando negativamente en la percepción pública de la justicia y en los derechos de los involucrados. De aprobarse, la ley impondría medidas disciplinarias automáticas contra los fiscales que violen el principio de reserva, además de otras posibles responsabilidades administrativas y penales.
Este proyecto resalta el debate sobre la transparencia y la responsabilidad en el sistema judicial peruano, enfatizando la necesidad de equilibrar el acceso a la información con la protección de la integridad del proceso legal y los derechos de los acusados.