Las grandes compañías tecnológicas dan la batalla contra su regulación

Las grandes compañías tecnológicas acumulan un poder político y económico sin precedentes que la Unión Europea (UE) se ha propuesto regular a través de dos leyes, pero las digitales invierten millones en presionar para subvertir dicha legislación a su favor.

Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple gastaron más de 19 millones de euros en “lobbies”, según declararon en el registro de transparencia de la UE.

Las tecnológicas de Silicon Valley han tejido una red de influencia en Bruselas, nicho de más de 12,000 “lobbies”, que duplica el gasto que invierten en cabildeo los siete principales fabricantes de autos en Europa y que encabeza Google, que entre el 2018 y 2019 invirtió casi 14 millones de euros en estas actividades.

“La estrategia de ‘lobby’ de Google filtrada muestra que los gigantes de la tecnología planean enfrentar a los comisarios entre sí”, cuenta Max Bank.

En dicho documento, el jefe de la cartera de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, era mencionado explícitamente como un objetivo de Google.

La estrategia revelaba además cómo Google utilizaría su plataforma de Youtube y su motor de búsqueda para “difundir narraciones a los usuarios de sus servicios con el objetivo de movilizar a la opinión pública contra una regulación más estricta”, explica Bank.

¿Cómo presionan las compañías tecnológicas?

El experto alerta de que las empresas tecnológicas presionan de una forma “muy agresiva” y “poco transparente”, por su colaboración con laboratorios de ideas.

Dan dinero o son miembros de estos centros de investigaciones para que su mensaje se difunda como “independiente o respetable”, señala la investigadora de Corporate Europe Observatory (CEO) Margarida Silva, quien destaca el dinero que Google, Facebook y compañía pueden perder si no ejercen esa presión.

No hablan de cómo la regulación les perjudica a ellos, sino de cómo llevará a una pérdida para toda la economía europea”, puntualiza.

Entre los laboratorios de ideas que nombra la filtración de Google destaca el Centro Europeo para la Economía Política Internacional (ECIPE en sus siglas en inglés) que antes del 15 de diciembre, cuando la CE hizo públicas sus propuestas regulatorias, publicó un informe a favor de las tecnológicas.

El estudio advertía que la Ley de Servicios Digitales supondría un perjuicio “de unos 85,000 millones de euros en el PBI ”.

Vitor Teixeira, coordinador de Integridad Política de la UE, matiza que todo aquel que se vea afectado “tiene derecho” a manifestar su opinión.

El problema radica, según él, en la descompensación entre las organizaciones: “cuanto más dinero tenga una multinacional, más reuniones podrá mantener ”.

“También ayuda que tengan más reuniones, el hecho de contratar gente que ha trabajado o tiene amigos en las instituciones”, observa Teixeira.

Sin ir más lejos, la ahora responsable de Facebook en Bruselas, Aura Salla, trabajó previamente en el Ejecutivo comunitario como asesora de Política Exterior y como miembro del gabinete del vicepresidente Jyrki Katainen durante el mandato de Jean-Claude Juncker.

Falta de transparencia

A finales de 2020, las tres instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento) acordaron cambiar el registro de transparencia, una base de datos en la que figuran las organizaciones que tratan de influir en el proceso legislativo.

Teixeira formó parte de las negociaciones, que comenzaron hace cinco años, para mejorar un registro que actualmente es voluntario.

“Se nos prometió que el registro sería obligatorio y no han cumplido”, lamenta Teixeira, quien considera indispensable registrarse.

El responsable de Transparencia Internacional en Bruselas echa en falta “más proactividad” por parte de los dirigentes públicos.

En esta misma línea se expresa Bank, quien considera que “los políticos de la UE no deben seguir solo el consejo de un ‘lobby’ masivo”.

Subraya que, en un proceso legislativo tan importante como la DSA, “todas las voces deben escucharse”.

Por su parte, Silva añade que si una multinacional acumula tanto poder para “influir potencialmente en la política” puede conllevar a una “distorsión democrática”.

La aprobación definitiva de la Ley de Servicios Digitales, creada para mejorar la responsabilidad de las plataformas, está prevista para dentro de dos años. Hasta entonces, las grandes tecnológicas tienen margen de maniobra para seguir influyendo en su redacción.

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