Escrito por: Jorge Farid Gabino González
La lógica parece simple: si las evaluaciones de nombramiento docente que aplica el ministerio de Educación en realidad no sirven para maldita la cosa, y esto debido, entre otras razones, a que las respuestas de dichos exámenes se conocerían desde horas o hasta días antes de la aplicación de dichas pruebas, ¿para qué carajos entonces se las sigue utilizando como único mecanismo de ingreso a la carrera pública magisterial? Es más, y siguiendo con el razonamiento en cuestión, si quienes finalmente acaban alcanzando el de un tiempo a esta parte tan ansiado nombramiento en el sector Educación son gentes que no lo hacen por mérito propio, esto es, porque aprobaron limpiamente la evaluación, sino porque compraron las respuestas a algún funcionario corrupto o se las procuraron gracias a la ayuda de algún dirigente sindical devenido presidente de la República, ¿qué sentido tiene que se continúe insistiendo en su aplicación como única garantía de selección eficaz de quienes habrán de tener a su cargo la educación de los niños y jóvenes del país?
Pues contrariamente a lo que ciertos sectores interesados en la eliminación de las evaluaciones docentes quisieran que creyéramos, las cosas no son tan simples como eso. Ello porque por más que se llegase a demostrar la existencia de fraude durante la pasada evaluación de nombramiento docente (y todo hace indicar que lo hubo), esta tendría que estar sustantivamente afectada para que se llegase a anular la prueba. Circunstancia que, de ocurrir, dejaría abierto el camino para que se hagan realidad los deseos de un amplio sector de docentes, que no ven con buenos ojos el que se continúe con la aplicación de las evaluaciones. Y es que, como apuntábamos al principio, por más que la lógica pudiera sugerirnos lo contrario, lo cierto es que las evaluaciones siguen siendo el único mecanismo de que disponemos para realizar una adecuada selección de los profesores que pasarán a formar parte de la carrera pública magisterial.
Podrán no gustarnos. Podremos no estar de acuerdo con los resultados que ellas arrojen. Podrán ser todo lo imperfectas que se quiera y, en consecuencia, tener muchísimas cosas por mejorar. Pero, con todo y con eso, tendríamos que ser unos rematados imbéciles para afirmar que no son necesarias, porque a todas luces lo son. Y no solo, por supuesto, porque así lo determinen organismos internacionales de reconocida autoridad mundial en materia educativa como la UNESCO y la UNICEF (que “algo” han de saber del asunto, ¿verdad?), sino porque el solo sentido común nos indica que no es posible hablar de “calidad” si no se habla de “selección”, y esta, mal que les pese a muchos, pasa por la aplicación de evaluaciones.
Cuál deba ser la naturaleza de estas es cuestión sobre la que, naturalmente, no nos pronunciaremos aquí, que no es sobre lo que nos interesa incidir en este momento. Lo que sí diremos, y con todas sus letras, es que no se puede utilizar el escándalo generado por la “filtración” de las respuestas del último examen de nombramiento docente, como pretexto para justificar la eliminación de dichas evaluaciones. Hacerlo sería tan absurdo como suprimir los exámenes de ingreso a las universidades porque se descubrió que alguien vendió las respuestas, o porque siempre cabrá la posibilidad de que algún futuro profesional haya podido iniciar sus estudios gracias a que compró las respuestas de la prueba de ingreso.
Que el escándalo de marras sirva, sí; pero no para que se suspendan las evaluaciones docentes, como opinan muchos entusiastas de la hoy de moda burrocracia, sino para que esta vez sí se investigue, y con todo el rigor que el caso lo amerita, quiénes fueron los verdaderos responsables de que se conocieran las respuestas antes de la aplicación del examen de nombramiento. Y de llegarse al caso extremo (que se justificaría dependiendo de lo que arrojen las investigaciones) de que se tenga que anular el examen, solo sería a condición de que se volviese a tomar otro. Uno en el que sí se tomasen las previsiones del caso para que no vuelva a suceder lo mismo, uno que le devuelva a los docentes la confianza en sus instituciones.
Porque por mucho que ahora el ministro de Educación insista en echarle la culpa de la “filtración” de las respuestas al INEI, institución encargada de la aplicación de la prueba, no debemos perder de vista el que el primer y principal responsable de que pasen este tipo de cosas es el ministerio de Educación. De modo que bien haría el responsable de dicha cartera en poner su cargo a disposición. Sobre todo, porque lo sabido hasta ahora del escándalo en cuestión nos lleva a creer que no solo hubo fraude en la aplicación de la prueba de marras, sino que, encima, dicho fraude habría tenido la intención deliberada de pretender justificar la eliminación definitiva de este tipo de evaluación, habida cuenta de que no cumpliría con ayudar a la selección adecuada de los mejores docentes para el trabajo en las aulas.