Las cámaras de vídeo vigilancia

Luego de casi cinco años, serán entregadas las instalaciones construidas para el sistema de cámaras de vídeo vigilancia para la ciudad de Huánuco, que fueron licitadas y ejecutadas por el Gobierno Regional de Huánuco durante el gobierno del cuestionado Rubén Alba y retomadas por la actual gestión.

Recordemos que, en el 2018, la gestión de Alva licitó el proyecto de instalación de 90 cámaras de video vigilancia, 10 camionetas, 15 motocicletas y el centro de operaciones. Había una premura por licitar todo antes de que terminara el año.

Es más, el diario Ahora denunció que las 10 camionetas que entregó la empresa proveedora no cumplían con las especificaciones, que se suponía debían de entregar vehículos 4×4 y terminaron entregando 4×2.

Por otro lado, cuándo se comenzó a construir la infraestructura donde se iba a albergar el sistema, se tuvo varios detractores, como es normal. La empresa proveedora demoró en extremo la entrega del sistema de vigilancia y hubo un cómplice silencio desde la gestión de Alva para tolerar esto, obviamente es bastante probable que había un arreglo de por medio.

Lo grave del tema es que muchos de los equipos implementados serían de baja calidad y algunos hasta ya estarían malogrados, a pesar del corto tiempo de uso. Pues la corrupción permite este tipo de cosas.

Y hablando de corrupción, este sistema de video vigilancia fue recepcionado por la gestión de Juan Alvarado, junto con las 10 camionetas.

Afortunadamente, luego de tantos años e incapacidades, el gobierno regional ha afirmado que por fin hará entrega de este. Tamaño logro, eh.

Esperemos que la municipalidad provincial cumpla con verificar y supervisar el sistema de vigilancia antes de aceptar la transferencia. Serán ellos, el Sr. Mirosaki entre ellos, los responsables de asumir alguna irregularidad si sucede algo malo con el sistema.

Ahora solo le falta a Cayhuayna y a Pillco Marca, esperamos con mucha esperanza que esta tecnología sea de gran ayuda para la colectividad y que no solo sea un beneficio económico para las ex y actuales autoridades regionales.