La regulación digital vive un punto de inflexión en Europa tras la imposición de las primeras sanciones bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). La Comisión Europea ha multado a Apple y Meta, marcando un precedente en el control del poder de las grandes tecnológicas y desatando la controversia con la administración Trump, que califica las medidas como «extorsión económica». Esta acción se produce en un contexto de creciente escrutinio global hacia las prácticas monopolísticas de las empresas tecnológicas, que han acumulado un poder sin precedentes en la economía digital.
Según la investigación publicada por The New York Times, Apple enfrenta una multa de 500 millones de euros (570 millones de dólares), mientras que Meta deberá abonar 200 millones de euros (230 millones de dólares) por infringir la DMA, normativa que entró en vigor en 2022. La DMA tiene como objetivo evitar que las grandes plataformas tecnológicas abusen de su posición como «guardianes de acceso» digital, imponiendo condiciones injustas a usuarios y empresas.
La Comisión Europea ha determinado que Apple vulneró la DMA al restringir la capacidad de los desarrolladores de aplicaciones para comunicarse directamente con sus clientes sobre ofertas y promociones. Esta práctica, según la Comisión, limita la libertad de los desarrolladores para competir y ofrecer mejores precios a los consumidores. En esencia, se considera que Apple ha erigido barreras artificiales para proteger su ecosistema.
En el caso de Meta, la infracción radica en su sistema de «consentimiento o pago», que obliga a los usuarios a elegir entre permitir el uso de sus datos personales para publicidad dirigida o pagar una suscripción para acceder a versiones sin anuncios de Facebook e Instagram. Este modelo, para la Unión Europea, impone una elección injusta a los usuarios, limitando su capacidad de controlar sus datos y socavando la privacidad.
Este enfrentamiento se produce en un momento de tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, incluyendo desacuerdos sobre comercio, aranceles y la guerra en Ucrania. Sin embargo, existe una convergencia en la necesidad de regular el poder de mercado de las grandes tecnológicas, que han alcanzado valoraciones bursátiles trillonarias y dominan sectores clave como la comunicación, el comercio y la información. La presión regulatoria sobre estas empresas también se está intensificando en otros países, como Australia, que también está considerando medidas similares.
En Estados Unidos, Google ha sufrido dos importantes reveses antimonopolio en el último año por abuso de su poder en los mercados de búsqueda y publicidad. Meta también se enfrenta a un juicio en Washington por acusaciones de haber eliminado la competencia mediante adquisiciones estratégicas. Amazon y Apple también son objeto de demandas antimonopolio en Estados Unidos, lo que demuestra una tendencia global hacia un mayor control de las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas. Estas acciones legales se basan en la premisa de que el poder acumulado por estas empresas sofoca la innovación y perjudica a los consumidores.
La respuesta de la administración Trump a las sanciones impuestas por la Unión Europea ha sido contundente. Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, calificó las medidas como una «extorsión económica» y advirtió que Estados Unidos no tolerará regulaciones extraterritoriales que perjudiquen a las empresas estadounidenses, obstaculicen la innovación y permitan la censura. Esta reacción anticipa una escalada en la disputa comercial entre ambos bloques, poniendo en riesgo la cooperación en otros ámbitos.
