Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
Si la llegada del impresentable de Pedro Castillo al poder significó, entre otras muchas cosas, la asunción de la presidencia del país del que es, de lejos, el más inútil, el más incapaz, el más inepto de cuantos presidentes hayamos podido tener jamás a lo largo de los años, son tristemente célebres las imbecilidades con que nos hacía sentir vergüenza ajena cada vez que abría la boca para brindar declaraciones a la prensa, su ya conocida caía, a causa, naturalmente, de otra de sus imbecilidades (la mayor de todas), no significó para los peruanos, calamidad de calamidades, el cese de los espectáculos deprimentes a que se nos sometía cada vez que a la primera autoridad del Estado le daba por pronunciarse públicamente.
Ello porque, como es de amplio conocimiento, el fin de los días en el poder de Pedro Castillo implicó, a su vez, el inicio de los de su heredera política, la señora Dina Boluarte. Quien, además de continuar con la forma de gobierno que venía llevando adelante su predecesor, esto es, haciendo, por ejemplo, absolutamente nada para enfrentar la criminalidad imperante en el país, o negándose a brindar declaraciones a la prensa, se las ha sabido arreglar para continuar repartiendo sandeces a diestra y siniestra, convencida, a no dudarlo, de que hablando tan básica, tan rudimentaria, tan elementalmente, se pone al “nivel” del pueblo, como si el “pueblo” fuese una sarta de imbéciles.
El problema, desde luego, no consiste tanto en que la susodicha, como acostumbraba también su antecesor, en esto también son iguales, salga cantando cancioncillas estúpidas en televisión nacional de cuando en cuando, o brinde declaraciones cantinflescas en eventos internacionales haciéndonos quedar terriblemente mal, sino en el hecho de que llegue a hacer afirmaciones como la realizada días atrás respecto de algo que viene afectando al país entero como no lo había hecho jamás: el incremento de la criminalidad.
Y es que decir, como ha afirmado muy suelta de huesos, que “el que delinque es porque no tiene ingresos” pone sobre la mesa, además, claro está, de la evidente incapacidad de la señora Boluarte para entender un fenómeno tan complejo como el de la criminalidad, una tendencia sumamente peligrosa, y que muy a nuestro pesar se viene advirtiendo con cada vez mayor frecuencia, que es la de la criminalización de la pobreza.
Con un 36 % de pobres, según datos del INEI, afirmar que“el que delinque es porque no tiene ingresos” contribuye a la estigmatización de más del tercio de la población, pues se vincula de manera directa a quienes viven en la pobreza con el crimen en cualesquiera de sus manifestaciones. Lo que, viniendo de la primera autoridad del país, resulta poco menos que escandaloso. ¿Le es tan difícil de advertir, acaso, que diciendo tamaña imbecilidad lo único a lo que contribuye es a que las personas pobres sean vistas como sospechosas, como propensas al delito, como peligrosas para la sociedad, reforzando, así, prejuicios y actitudes discriminatorias?
Porque es evidente que, si se generaliza semejante creencia, no habrá de pasar mucho tiempo para que dicho estigma condicione la manera en que la sociedad perciba a las personas pobres. Llegándose a extremos en los que no será raro el que el acceso al empleo, la vivienda o la educación por parte de dichas personas acaben viéndose afectados por la asociación de la pobreza con la criminalidad. Y es que, en lugar de recibir el apoyo y la asistencia que deberían recibir este tipo de personas debido a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, terminarán siendo tratadas con desconfianza, como si de delincuentes en ciernes se tratara.
Así, en lugar de andar contribuyendo a la exclusión y la marginación de las personas pobres, gracias a las sandeces que se le ocurren de cuando en cuando, lo que debería hacer la señora Boluarte, y, a través de ella, su Gobierno en su conjunto, es desarrollar políticas públicas enfocadas en la inclusión y en el apoyo integral a las personas en situación de vulnerabilidad que, como ya quedó dicho, son más de la tercera parte de los peruanos. La pobreza no es un problema criminal, es un problema social. Por lo que su atención pasa, entre otras muchas cosas, por una mayor inversión del Estado en educación, salud y protección social.
No todas las personas carentes de ingresos económicos son proclives a delinquir, señora Boluarte; como tampoco todas las personas que delinque lo hacen porque se encuentren escasas de recursos. La falta de ingresos se puede constituir, en determinados casos, en un factor que contribuya a la delincuencia. Sin embargo, está lejos de ser, por sí sola, en razón suficiente para explicar todos los comportamientos delictivos. Para afirmar lo que ha afirmado, señora Boluarte, tendría que haber probado antes que la falta de recursos económicos es no solo una condición necesaria sino también suficiente para la comisión de un delito. Y eso es algo que no solo está lejos de la realidad, sino también de sus limitadas facultades.
