Escrito por César Augusto Kanashiro Castañeda
Los disturbios de la última semana agudizan la crisis política nacional con una elevada intensidad que podría mermar las de por sí débiles expectativas sobre la economía del país, por los ritmos de desaceleración que afectan a Latino América y al mundo.
Diversos analistas y organismos internacionales contemplan que el producto interno bruto (PIB) de nuestro país está cercano al 2% en este 2023, no obstante, las miradas se inclinan hacia abajo por los posibles efectos que pueda generar la incertidumbre tras la escalada de la crisis, que derivó en muertes por la represión policial en las manifestaciones.
Organismos como el Banco Mundial, el FMI o la Ocde, coinciden en un PIB peruano en 2,6% para este 2023, con una ligera alza para el próximo 2024, si se consolida el escenario ideal de una estabilidad política y un cese de las protestas.
La elevada conflictividad social y las tensiones políticas están generando mucha incertidumbre. Esto impacta negativamente sobre la confianza empresarial y de las familias, lo inhibirá en alguna medida la inversión y el gasto de consumo. Además, los bloqueos de carreteras y ataques a instalaciones privadas (como operaciones mineras) también están afectando negativamente el normal desenvolvimiento de diversas actividades.
Bajo esta idea también coincide María Paula González, analista de mercados andinos de Investigaciones Corficolombiana, para quien también se suma que, por el lado del gasto público, “el freno a los proyectos del gobierno, en medio de las tensiones entre el ejecutivo y el Congreso; y un consumo que, aunque resiliente, podría verse afectado por una inflación que se mantiene elevada”.
Actualmente el costo de vida peruano cerró el año pasado en 8,45%, una de las razones por las cuales el Banco Central de la Reserva del Perú volvió a elevar las tasas de interés hasta el 7,75%, una decisión que se espera que sostenga por buena parte del año en curso.
Es cierto que todas estas manifestaciones están causando que se presenten problemas de oferta y puede afectar la inflación, sobre todo durante el primer trimestre del año. Si la inestabilidad política continúa es normal que la entidad mantenga una corriente alcista de la tasa de interés y por lo tanto disminuya el consumo (política hawkish) y no recorte tipos en la segunda parte del año”, comentó a su vez Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.
Fabiano Borsato, director de operaciones de Torino Capital, aseguró que la actual capacidad de resiliencia de la élite peruana va a depender -en buena medida- de que la élite política peruana pueda alcanzar un acuerdo para el adelanto de las elecciones generales, a través de las cuales se renueven las autoridades políticas “y así ‘resetear el juego político, lo que podría brindar un nivel mínimo de certidumbre a los mercados internacionales”.
No obstante, en la actualidad, desde la consultora no observan un panorama confiable, por el contrario, se muestra como un escenario “significativamente fragmentado”, en medio de un contexto con un “elevado nivel de conflictividad de los poderes políticos”, que persiste tras la salida del exmandatario Petro Castillo.
Para algunos analistas, el Gobierno de Boluarte ha lanzado mayor combustible a la crisis mediante una retórica estigmatizante y una estrategia represiva señalada de autocrática. Cabe mencionar que, aun con las 54 muertes oficializadas, no ha habido relevos ni cambios de autoridades por responsabilidad política. De hecho, en una entrevista local publicada el 15 de enero, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó responsabilidad de su cartera por los fallecimientos.
Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcía, el Ejecutivo ha optado por aferrarse al poder sin un manejo realmente político, convirtiéndose en el principal factor que radicaliza el rechazo ciudadano. Agregó que, si bien el Gobierno ha llamado públicamente a los líderes sociales a un diálogo y exigido al Congreso aprobar un adelanto de las elecciones generales, las medidas y gestos anteriormente mencionados contradicen las intenciones de solución democrática y minan la legitimidad de Boluarte como presidenta.
Para un sector del Congreso, las elecciones anticipadas ameritarían agendar y concluir debates y votaciones de reformas al sistema político y electoral del país. Esto, bajo el supuesto de que impacten en la calidad de la próxima representación. Entre los planteamientos –que han ido acumulándose con el tiempo en el Parlamento– están los reajustes a atribuciones de ambos poderes, además de la restitución de la reelección parlamentaria inmediata, el retorno a la bicameralidad, la aplicación obligatoria de elecciones primarias y abiertas a la ciudadanía, y la renovación del Congreso cada dos años y medio, además de nuevos impedimentos y requisitos para ser candidato.
Sin embargo, las nuevas elecciones no van a mejorar la calidad de la representación porque tendremos a los mismos actores políticos. Si bien se habla de reformas políticas y electorales necesarias para el fortalecimiento de los partidos tenemos que considerar que las mejoras no solo dependen de cambios normativos, sino de cambios estructurales.
