La informalidad laboral sigue en aumento en todos los sectores de la economía, y Huánuco no es la excepción. Un ejemplo claro es el transporte público, donde los trimóviles y combis operan sin licencias ni permisos adecuados. Este problema, sin embargo, no se limita al transporte. La fiscal de prevención del delito, Rocío Castro, ha identificado una preocupante cantidad de negocios que funcionan sin las licencias correspondientes. Estos establecimientos, que incluyen restaurantes, bodegas y hoteles, carecen de los permisos emitidos por la Municipalidad Provincial de Huánuco, Defensa Civil y otras instituciones responsables.
Desde inicios de año, la fiscal ha cerrado múltiples locales por incumplir las normativas vigentes. La situación es alarmante, ya que muchos de estos establecimientos, como los que venden gas o aquellos que brindan servicios de salud, operan sin las mínimas medidas de seguridad. Algunos trabajan incluso con permisos vencidos, lo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.
La fiscal Castro ha revelado que muchas clínicas y consultorios médicos también están en la misma situación. Estos centros de salud, que deberían contar con licencias de funcionamiento al día, no cumplen con las normativas. Las autoridades ya han comenzado a notificar tanto a los administradores como a los propietarios de estos negocios, quienes enfrentarán multas y sanciones si no regularizan su situación.
Otro problema identificado es el inicio de construcciones sin los permisos necesarios, lo que representa un grave peligro para los vecinos y transeúntes. Un ejemplo reciente es una demolición en la cuadra tres del jirón General, donde la obra se realiza sin medidas de seguridad, generando polvo y afectando el tránsito. Este tipo de prácticas informales y peligrosas son una constante en la ciudad.
Además, los bares y prostíbulos que operan sin licencias municipales en diversas zonas de la ciudad son otro foco de atención. Aunque muchos de estos locales son notificados y amenazados con el cierre, los propietarios encuentran formas de burlar la ley y reabren rápidamente.
Finalmente, la fiscal ha subrayado que las instituciones públicas, aunque cuentan con documentación suficiente para garantizar la seguridad en sus construcciones, también presentan irregularidades, especialmente en lo que respecta al equipo de protección para sus trabajadores. La responsabilidad de corregir estas fallas recae en las autoridades, quienes deben actuar pensando en la seguridad de la población en general.
