Escrito por: Econ. Aldo Reyes Viviano
Ya se ha hecho costumbre presenciar cada año la movilización de miles de productores agropecuarios de Huánuco, Pachitea, Ambo, Leoncio Prado y Monzón, y con amenazas de radicalizar sus medidas de fuerza ponen en jaque a nuestras autoridades, quienes para salir airosos de la situación, proponen e implementan medidas que no representan la solución al problema público. Compras de los excedentes de producción, pago de alquiler de puestos de venta en mercados mayoristas, entre otros, son los ofrecimientos, a veces incumplidos, con los cuales se tiene hasta el problema latente que afecta a miles de productores agropecuarios.
El inciso a) del artículo 51°: Funciones en materia agraria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice: “formular, aprobar, ejecutar evaluar dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales”.
¿Se tienen políticas regionales en materia agraria? ¿Cuándo se formularon? ¿Quiénes participaron en su formulación? ¿Se hace seguimiento para procurar la mejora continua de las mismas? ¿Qué resultados hemos obtenido, producto de su aplicación? ¿Cuánto han cambiado las condiciones de vida de los productores agropecuarios? Son algunas de las preguntas que nos hacemos cada vez que vemos la movilización por nuestra ciudad de miles de productores agropecuarios. Si tuviéramos políticas agrarias, seguramente no estaríamos ocupándonos de este tema.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) a través de su rector el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), propone instrumentos metodológicos para la formulación de políticas nacionales, entre ellos, tenemos la Guía de Políticas Nacionales, que establece la metodología a seguir para el diseño, formulación, implementación y seguimiento y evaluación de las políticas nacionales que resulta válido también para las instancias regionales y locales.
De acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, la gestión pública moderna está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, y define a las políticas públicas como “diseños que sustentan la acción pública” y que, en un Estado unitario y descentralizado, permiten integrar y dar coherencia a todo su accionar con el propósito de servir mejor al ciudadano.
Bajo este concepto, la política agraria regional a formularse debe: a) enmarcarse en las políticas de Estado (que en total son 35), b) contar con objetivos claros que manifiestan las prioridades departamentales en materia agraria, c) identificar participativamente los problemas de la agenda pública que deben priorizarse tomando en cuenta las demandas ciudadanas y, d) deben reflejarse en los objetivos establecidos en los planes de desarrollo concertado, en los planes estratégicos y operativos de todas y cada una de las entidades del sector público que tienen competencia en materia agraria.
Mientras no se aborde el problema agrario bajo el enfoque metodológico de una política nacional o regional, seguramente se seguirán proponiendo medidas que no den con la solución del problema público, se seguirá percibiendo la ineficiencia del Estado, se seguirá perdiendo la credibilidad en nuestras autoridades, se seguirá postergando el ansiado bienestar de los productores agropecuarios, y las futuras generaciones seguirán presenciando las movilizaciones y paros agrarios.
