La Cámara Federal de Buenos Aires emitió una orden de captura internacional contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de liderar un «plan sistemático» de torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela. Este fallo histórico se basa en los testimonios de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle los abusos sufridos bajo el régimen de Maduro.
El tribunal, compuesto por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, tomó esta decisión unánime tras considerar los testimonios y pruebas presentadas, que reflejan las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado venezolano. El fallo fue impulsado por los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, y representa un paso significativo en el reconocimiento internacional de los crímenes cometidos en Venezuela.
Una orden de alcance internacional
La orden de captura internacional no solo afecta a Maduro y Cabello, sino también a más de treinta funcionarios y militares venezolanos, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia. La Cámara Federal porteña solicitó la intervención de Interpol para ejecutar las detenciones, con el fin de evitar el entorpecimiento de la investigación y prevenir nuevas víctimas.
Impulsores del pedido de detención
El pedido de detención fue presentado por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), liderado por Waldo Wolff, y respaldado por la Fundación Internacional para la Libertad, dirigida por Mario Vargas Llosa. La solicitud inicial había sido rechazada por el juez Ramos, pero la apelación, sustentada por nuevas denuncias de violencia y el respaldo de los fiscales federales, permitió que el fallo avanzara.
Reacción del régimen venezolano
Tras conocerse el fallo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reaccionó rápidamente, solicitando medidas privativas de libertad contra altos funcionarios argentinos, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estas acusaciones, que incluyen delitos como robo agravado y legitimación de capitales, están relacionadas con el decomiso de un avión iraní-venezolano en Argentina en 2022.
