El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha sido autorizado para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 32108, promulgada el 9 de agosto, que según el Ministerio Público, favorece al crimen organizado. A través de un comunicado difundido en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), la Junta de Fiscales Supremos expresó su firme rechazo a esta norma, señalando que debilita la lucha contra las organizaciones criminales al modificar el Código Penal.
La polémica ley elimina 59 de los 91 tipos penales relacionados con el crimen organizado, incluyendo delitos como la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos y el tráfico de migrantes, los cuales dejarían de ser considerados graves. Además, la ley impide que delitos con penas menores a seis años de prisión sean clasificados como graves, lo que reduce la rigurosidad de los procesos judiciales correspondientes. También limita el allanamiento de inmuebles, permitiéndolo solo en presencia del investigado y su abogado, lo que podría dificultar las investigaciones.
El Ministerio Público argumenta que la ley contraviene la Convención de Palermo, ratificada por Perú, y representa un retroceso significativo en la persecución penal de delitos graves. Por ello, se ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para buscar la anulación de la norma
