Juez ordena a municipio devolver S/6 984 300 a Telefónica

El juez Teodorico César Romero Guía, del Juzgado Civil Transitorio de Huánuco, mediante la Resolución n.º 112 del 23 de marzo de 2016, de 33 páginas, ordenó a la Municipalidad Provincial de Huánuco devolver a Telefónica del Perú S. A. A. casi 7 millones de soles, que la comuna cobró en 2002, por una multa que le impuso a la empresa de comunicaciones acusada de instalar postes de comunicación telefónica sin autorización en el cercado de Huánuco, Cayhuayna y en el tramo Huancachupac-Yanag. Telefónica incluso pedía una reparación de 7 millones de soles.
Telefónica acusó irregularidades en proceso
En la demanda, que interpuso Telefónica, sustenta que la municipalidad dispuso en 2001 un inventario de los postes y mediante informe n.º 152-2002 detalló la valoración concluyendo que se instalaron un total de 1438, de los cuales solo 547 postes contaban con autorización. Mediante Resolución n.º 856-2002 MP-Hco., del 22 de mayo de 2002, resolvió que lo adeudado por Telefónica por derechos de licencia suma S/178 200. La empresa apeló aduciendo que había irregularidades en el inventario y no se habían descontado los postes que instaló Entel Perú.
Luego de las apelaciones, la municipalidad emite la Resolución n.º 856-2002 considerando que la cantidad de postes que se instalaron sin autorización fueron 751 y determina que solo tenían permiso para 140 obviando el pago por autorización de S/150 200. Posteriormente, se emitió la Resolución n.º 1880, del 21 de octubre de 2002, imponiendo la multa de 300 UIT equivalente a S/ 6 984 300 a Telefónica por instalar postes en el cercado de Huánuco y Pillco Marca aplicando la ordenanza n.º 032-99 por realizar trabajos de excavación de pistas y veredas para el izado de postes sin la debida autorización.
Telefónica responsabiliza a Entel Perú
Telefónica argumenta de los 1896 postes, instalados entre 1995 al 2002, le pertenecían 1178 de todos los cuales “se habían exhibido las autorizaciones municipales, en tanto, los 718 postes restantes habrían sido izados por Entel Perú y todos eran anteriores a 1995”. Aduce también que el convenio de cobranza coactiva entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores (cobrador coactivo) y la Municipalidad de Huánuco fue realizada en forma ilegal.
Juez sustenta la sentencia
Después de revisar los alegatos de Telefónica, el juez Romero Guía sustenta su sentencia argumentando que la Municipalidad de Huánuco buscaba determinar la existencia de obras ejecutadas sin autorización por parte de Telefónica. “Es importante señalar ante todo, que aquí, aunque la Ley Orgánica de Municipalidades, tanto la vigente a esa fecha como la actual, no menciona expresamente la facultad de los gobiernos locales de regular y controlar las actividades de las empresas que presten otros servicios público, como el de telecomunicaciones, en este caso es evidente que el procedimiento iniciado por la Municipalidad Provincial de Huánuco no tenía por objetivo intervenir en la prestación de servicios telefónicos por parte de la empresa demandante…”.
Además, el juez advierte que luego de las diversas resoluciones que emitió la municipalidad, a Telefónica, no se le dio oportunidad a defenderse. “…se determinó de plano la falta de autorización en las instalación de postes y la existencia de una obligación pecuniaria en contra de la demandante, sin siquiera haberse dado la oportunidad de defenderse adecuadamente conforme lo señalado por ley”.
Después de revisar el expediente n.º 036-2003 sobre la multa de S/6 984 300, en la Resolución n.º 112, el juez Teodorico Romero expresa que la resolución donde se impone la multa a Telefónica, la municipalidad no efectuó ningún procedimiento previo para establecer la responsabilidad de la empresa. “Como se sabe, la debida tramitación de un procedimiento administrativo sancionador tiene como base el artículo 234 de la Ley n.º 27444 que señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal…”.
Agrega que la imposición de una sanción, en sede administrativa, solo será válida en la medida que se haya garantizado al procesado un debido procedimiento sancionador, permitiéndole el ejercicio adecuado de su derecho a la defensa, a la contradicción sobre una imputación previamente establecida y a una correcta actuación y valoración probatoria. Así también lo ha considerado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente n.° 02098-2010-PA/TC-LIMA, al señalar que el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea este judicial, administrativo o entre particulares.
Magistrado argumenta que Telefónica no tuvo derecho a la defensa
El juez advierte una grave y directa vulneración contra el debido procedimiento sancionador por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, “al no haberse siquiera instaurado un procedimiento administrativo previo en contra de la empresa Telefónica del Perú S. A. A. habiéndose limitado a imponer una sanción de multa de manera inmediata, sin trámite previo alguno que permita al procesado conocer sobre el inicio de este, así como los alcances y tipo administrativo materia de acusación a fin de hacer valer su derecho a la defensa”
Agrega:“… Este juzgado percibe que para la emisión de la Resolución n.° 1880-2002-MP-Hco-A, la Municipalidad Provincial de Huánuco no ha seguido el procedimiento previo sancionatorio exigible a todo acto administrativo destinado a imponer sanciones, con lo que se han vulnerado disposiciones mínimas y esenciales que resguardan el derecho al debido procedimiento”.
Telefónica pidió 7 millones de indemnización
En cuanto al pago de una indemnización por la suma de S/7 000 000 que solicitó Telefónica, el magistrado sostiene que es necesario tener en consideración que a la fecha de interposición de la demanda del Expediente n.° 036-2003 (21-01-2003) y de la presentación de su modificatoria (03-02-2003), la ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo- Ley n.° 27584, situación que imponía a los justiciables la imposibilidad de accionar esta pretensión de manera accesoria a otras pretensiones, como la de nulidad, lo cual justamente sucedió en el caso del expediente acumulado n.° 048-2003, donde la Sala Superior Civil precisó que la pretensión de indemnización planteada ahí inicialmente no podía ser tramitada de manera accesoria, debiendo el Juzgado atender a la variación de demanda en la que ya no se solicitó una indemnización si no la restitución de lo cobrado.
El fallo
La demanda de Telefónica fue declarada fundada en parte. Declaró nulas las Resoluciones n.° 1880-2002-MP-Hco.-, expedidas por la Municipalidad Provincial de Huánuco, por las que se resolvió imponer a la empresa demandante Telefónica del Perú S. A. A. una multa ascendente a la suma de S/6 984 300 “por haberse emitido con prescindencia de los principios y normas del debido procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo sancionador en agravio de los derechos de la empresa demandante; asimismo, declaró nulos los actos administrativos de cobranza coactiva promovidos en virtud de la imposición de la multa tramitado por el Área de Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores. Y como consecuencia, el juez dispone restituir el dinero cobrado como multa ascendente a la suma de S/. 6 984 300 a favor de Telefónica del Perú S. A. A.
Asimismo, declara improcedente la pretensión accesoria referida al pago de una indemnización ascendente a la suma de S/7 000 000.