Durante la audiencia realizada el 17 de noviembre de 2024, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó la aplicación de las leyes sobre crimen organizado 32108 y 32138 en el proceso contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y otros investigados en el caso Waykis en la Sombra. Según un informe de Alejandra López para La República, el magistrado consideró que estas leyes son inconstitucionales por beneficiar a funcionarios públicos, lo que las convierte en «nefastas» y contrarias a la Constitución y tratados internacionales.
Argumentos del juez y contexto legal
El juez Concepción Carhuancho señaló que la Ley 32108, impulsada por el Congreso, excluye a los funcionarios públicos del delito de organización criminal, favoreciendo a un grupo específico. “Esta ley fue creada con nombre propio para beneficiar a un grupo de personas, y fue nefasta”, afirmó durante la audiencia.
En su lugar, determinó que las acusaciones deben regirse por el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1244, que establece un marco más estricto para procesar delitos relacionados con organizaciones criminales. Basado en el control difuso y de convencionalidad, el juez argumentó que la ley promulgada por el Congreso viola la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su inaplicación garantiza un juicio justo para las partes.
El caso ‘Waykis en la Sombra’ y los implicados
La Fiscalía acusa a Nicanor Boluarte de liderar una presunta organización criminal que habría utilizado la formación del partido político Ciudadanos por el Perú para designar ilegalmente a prefectos y subprefectos en distintas regiones. Los cargos presentados incluyen organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Otros implicados en el caso incluyen:
- Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, señalado como el brazo legal del grupo.
- Jorge Ortiz Narro: Exdirector general de Gobierno Interior, acusado de gestionar las designaciones.
- Zoraida Herrera Vásquez: Encargada de proponer a los candidatos para los cargos estratégicos.
- Jorge y Norel Palomino Salazar: Presuntos operadores en Cajamarca, vinculados a pagos ilícitos para asegurar nombramientos.
La audiencia para decidir sobre el pedido de prisión preventiva de 36 meses fue reprogramada para el lunes 18 de noviembre a las 9:00 a. m., donde el juez determinará si procede la solicitud fiscal.
Reacciones y posibles implicancias
El rechazo a la aplicación de la Ley 32108 representa un golpe al Congreso, cuya normativa ha sido criticada por diversos sectores por debilitar las investigaciones contra la corrupción en el país. Además, refuerza la postura de un Poder Judicial dispuesto a ejercer control sobre leyes consideradas inconstitucionales, en un momento de alta sensibilidad política en el Perú.
El caso Waykis en la Sombra subraya los vínculos entre política y corrupción, poniendo a la presidenta Dina Boluarte en una posición delicada al tener a su hermano y a su exabogado implicados en el escándalo.
