El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.º 9761/2024 presentado por la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), que busca autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. En una declaración recogida por Alejandra López para el portal La República, Gutiérrez calificó la propuesta de “populista” y reiteró la postura de la Defensoría del Pueblo contra la pena de muerte y la desvinculación del Estado de los organismos internacionales de justicia.
“Es incorrecto. (…) No podemos llegar al populismo al decir ‘hay que aplicar pena de muerte’ y con eso se aumenta un punto de popularidad”, afirmó Gutiérrez. “Hay que ser objetivos, hay que hablar como personas sensatas en la conducción y en los destinos del pueblo”, añadió, subrayando la necesidad de una discusión racional y responsable sobre temas de derechos humanos.
Detalles del Proyecto de Ley de APP
El Proyecto de Ley N.º 9761/2024 propone que el Perú denuncie su adhesión al Pacto de San José y, por ende, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la propuesta, de autoría de la congresista María Acuña, la presidenta Dina Boluarte estaría autorizada para iniciar este proceso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El documento también plantea condiciones específicas para una posible reincorporación del Perú a la Convención Americana, incluyendo reservas sobre temas soberanos, como la implementación de la pena de muerte. Este último aspecto ha sido uno de los puntos más polémicos de la iniciativa, que ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.
La posición de la Defensoría del Pueblo
Josué Gutiérrez expresó que, aunque es legítimo que un congresista utilice sus facultades para proponer leyes, no significa que estas deban ser compartidas por todos los actores institucionales. “No se puede cuestionar a un congresista que promueve (un proyecto de ley), tiene su opinión y hay que respetarla, pero no compartirla”, señaló.
Además, enfatizó que el Estado debe enfocarse en políticas públicas preventivas en lugar de medidas extremas como la pena de muerte. “En lugar de optar por medidas extremas, sería mejor que el Estado implemente políticas públicas que prevengan el maltrato infantil y adolescente”, propuso el defensor.
Reacciones y análisis del proyecto
El proyecto de ley de APP ha dividido opiniones en el Congreso y en la opinión pública. Mientras algunos legisladores defienden la iniciativa como un paso hacia la recuperación de la soberanía nacional, otros advierten sobre las graves consecuencias que podría tener para la protección de los derechos humanos en el país.
Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que el retiro del Perú del Pacto de San José representaría un retroceso significativo en la defensa de los derechos fundamentales. “Esta propuesta es un atentado contra los derechos humanos y una peligrosa señal de aislamiento internacional”, comentó un representante de Amnistía Internacional.
Por su parte, Gutiérrez advirtió sobre las implicancias de alejarse de la justicia internacional. “Es fundamental que el Perú permanezca vinculado a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Separarse de estas instituciones sería un grave error que afectaría no solo nuestra imagen internacional, sino también las garantías de los ciudadanos peruanos”, declaró.
Implicancias de la salida del Pacto de San José
De concretarse, la denuncia del Pacto de San José significaría que el Perú dejaría de estar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que limitaría el acceso de los ciudadanos a instancias internacionales en casos de violaciones graves de derechos humanos.
Según expertos, esto podría generar un clima de mayor impunidad y debilitar las garantías democráticas en el país. Asimismo, la promoción de la pena de muerte, uno de los ejes centrales del proyecto de ley, ha sido criticada por organismos internacionales como incompatible con los estándares de derechos humanos vigentes.
Un debate polarizado
La propuesta de APP ha intensificado las tensiones políticas en el Congreso, donde las posturas están claramente divididas. Algunos legisladores han apoyado el proyecto, argumentando que la soberanía nacional debe prevalecer sobre los compromisos internacionales. Sin embargo, otros han señalado que se trata de una medida populista que busca capitalizar el descontento ciudadano sin ofrecer soluciones reales.
En este contexto, Josué Gutiérrez llamó a una discusión seria y responsable. “Hay que ser objetivos y sensatos en la conducción del país. No se puede legislar buscando únicamente popularidad. Los derechos humanos deben ser la base de toda política pública”, concluyó.
Mientras tanto, el debate sobre el futuro del Perú en el Pacto de San José continúa, con implicancias que podrían marcar un antes y un después en la relación del país con el sistema interamericano de derechos humanos.
