El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Juan Villena y la destituida Patricia Benavides, exfiscales de la Nación, acusándolos de haber favorecido al expresidente Martín Vizcarra al no acelerar investigaciones en su contra.
Montoya sostiene que los exfiscales permitieron la impunidad en el caso Obrainsa, donde Vizcarra es investigado por falsedad genérica, omisión de declaraciones, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Demora en las investigaciones
El congresista señala que la denuncia contra Vizcarra, presentada en 2019 por la excongresista Yeni Vilcatoma, no avanzó con rapidez. No fue hasta enero de 2021 que la Fiscalía comenzó a recabar información sobre la adjudicación de obras cuando Vizcarra era ministro de Transportes.
En 2022, con Zoraida Ávalos aún en la Fiscalía de la Nación, se iniciaron diligencias preliminares, pero días después decidió Pablo Sánchez, seguido por Patricia Benavides y Juan Villena. Montoya advierte que, si el caso sigue retrasándose, podría prescribir en 2027.
“La lentitud en la tramitación de estas denuncias genera impunidad y encubrimiento”, afirmó Montoya.
Ahora, la JNJ deberá decidir si abre una investigación formal contra los exfiscales.
Otros procesos contra Vizcarra
El expresidente enfrenta varias sanciones y procesos judiciales:
- Inhabilitación de la función pública por los casos Vacunagate y Obrainsa.
- Acusación constitucional pendiente en el Congreso por la resolución del Parlamento en 2019.
- Posible nueva inhabilitación, tras un informe de la Comisión Permanente, que lo acusa de organización criminal en el caso Vacunagate .
Denuncias contra la fiscal Delia Espinoza
Mientras Vizcarra enfrenta procesos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también está bajo presión.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una denuncia ante la JNJ, acusándola de filtrar información a la prensa. También presentó una denuncia constitucional contra ella en el Congreso, lo que podría llevar a su inhabilitación por hasta 10 años.
El clima político y judicial en Perú sigue marcado por enfrentamientos entre el Congreso, el Ministerio Público y el Ejecutivo, con acusaciones de corrupción y encubrimiento que afectan a figuras clave.
