En un megaoperativo nacional, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ejecutó este lunes una serie de allanamientos e incautaciones en propiedades relacionadas con Joaquín Ramírez, excongresista fujimorista y actual alcalde de Cajamarca. La intervención se llevó a cabo en siete ciudades del país: Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, como parte de una investigación por presunto lavado de activos y fraude empresarial.
El operativo, dirigido por el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada, tuvo como objetivo la incautación de inmuebles, vehículos y otros bienes de interés en el caso. La medida incluyó no solo a Ramírez, sino también a familiares, colaboradores y un grupo de 11 empresas con las que habría mantenido vínculos comerciales. Según David Solar Silva para Infobae.
Nuevas incautaciones en la investigación
Las diligencias buscan consolidar evidencias clave para esclarecer si existió un esquema de financiamiento ilícito mediante la utilización de empresas pantalla para el manejo de fondos de origen desconocido. Entre las compañías que han sido objeto de investigación figuran Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria y Promotora Juan Pablo II S.A..
De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas entidades habrían participado en movimientos financieros irregulares que hoy son analizados en detalle por las autoridades. «Estamos recopilando información relevante que nos permita determinar la existencia de un esquema de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas», explicó un representante del Ministerio Público.
El nombre de Joaquín Ramírez ha estado bajo la lupa de la justicia por más de una década. En abril de 2023, el entonces director de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, Jhonny Veliz, informó que se habían incautado 295 bienes relacionados con el excongresista, incluyendo inmuebles, vehículos, siete aeronaves y un simulador de vuelo.
En su momento, las autoridades justificaron estas acciones como medidas preventivas para evitar la posible ocultación o transferencia de activos, mientras la investigación seguía su curso. Sin embargo, con el tiempo, varios de estos bienes fueron devueltos a Ramírez, lo que generó cuestionamientos sobre la solidez de la acusación fiscal.
Un caso de más de diez años
Ramírez ha insistido en que la investigación es innecesaria y que, después de tantos años, la Fiscalía aún no ha podido sustentar una denuncia formal en su contra. «Gastaron como tres millones de soles del Estado en incautar, para nada, porque después me los tuvieron que devolver», declaró recientemente en una entrevista radial.
El proceso se originó debido a sospechas sobre el financiamiento de diversas empresas con dinero de procedencia desconocida. Según las investigaciones, el excongresista habría utilizado un entramado empresarial para mover fondos y adquirir propiedades dentro y fuera del país.
En su momento, la Fiscalía sostuvo que la devolución de algunos bienes no significaba el cierre del caso, sino que se trataba de una fase dentro del proceso judicial. Ahora, con las nuevas incautaciones, el Ministerio Público busca fortalecer su teoría del caso y establecer si existió un flujo de dinero ilícito en las transacciones de Ramírez y su entorno.
El megaoperativo en detalle
El allanamiento simultáneo en siete ciudades permitió a la Fiscalía acceder a documentos, registros contables y otros elementos probatorios. Según fuentes cercanas a la investigación, se espera que esta intervención aporte nueva información sobre las operaciones financieras del actual alcalde de Cajamarca.
Los inmuebles incautados incluyen oficinas, viviendas y locales comerciales que estarían relacionados con el presunto esquema de lavado de activos. Asimismo, se confiscaron vehículos de alta gama y documentación clave que podría ayudar a reconstruir el circuito del dinero investigado.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la posible vinculación de empresas educativas y de construcción en las maniobras financieras sospechosas. «Este es un caso complejo, con múltiples actores y operaciones que han requerido un análisis profundo», indicaron fuentes fiscales.
El futuro de la investigación
A pesar de las recientes acciones de la Fiscalía, Joaquín Ramírez ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra y ha asegurado que el proceso tiene motivaciones políticas. «Después de más de una década, siguen investigando sin ninguna prueba contundente», señaló en una entrevista.
Sin embargo, el Ministerio Público ha defendido la continuidad de las diligencias, argumentando que las pruebas obtenidas hasta el momento justifican la intervención de las autoridades. «Nuestro objetivo es esclarecer el origen de los fondos utilizados por el señor Ramírez y su entorno», afirmó un funcionario de la Fiscalía.
El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas acciones dentro de la investigación. Mientras tanto, Ramírez continúa ejerciendo su cargo como alcalde de Cajamarca, aunque bajo el escrutinio constante de la justicia y la opinión pública.
