El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Javier Arévalo, cuestionó el uso de recursos del Estado para sostener empresas que considera ineficaces y no rentables. Durante una conferencia de prensa, Arévalo destacó que, mientras sectores críticos como salud, educación, seguridad y justicia sufren falta de financiamiento, se destinan grandes sumas a compañías que deberían ser liquidadas.
Arévalo subrayó que, pese a los esfuerzos para obtener más recursos para las «unidades de flagrancia» en el sistema judicial, el Ejecutivo alega que «no hay recursos». Sin embargo, el magistrado denunció que se desperdician miles de millones en empresas que no generan beneficios para el país. Según Arévalo, estos fondos deberían ser mejor invertidos en servicios esenciales que impacten directamente en la población.
Un caso señalado por Arévalo es el de Petroperú, la empresa estatal de petróleo, que atraviesa una profunda crisis financiera. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció los problemas de gobernanza y constantes cambios en la dirección de la compañía, lo que ha empeorado su situación. Adrianzén también mencionó la necesidad urgente de una línea de crédito para reactivar la compra de combustibles y mantener las operaciones de la empresa.