Han pasado más de dos semanas desde que se aprobó la ley que busca restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero el gobierno de Dina Boluarte aún no define si la promulgará o la observará. Según un informe de Infobae firmado por Valeria Mendoza Talledo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, justificó el retraso alegando que se están recopilando opiniones de sectores involucrados antes de tomar una decisión definitiva.
En una conferencia de prensa posterior a una reunión del gabinete ministerial, Adrianzén aseguró: “Estamos esperando recabar toda la información proveniente de los sectores concernidos que emitirán opinión y, a partir de ahí, se va a tomar la decisión de observarla o de promulgarla. Todavía estamos dentro de los plazos”, refiriéndose al límite legal de 15 días para decidir el futuro de esta normativa.
Críticas por la Demora en la Promulgación
La inacción del Ejecutivo respecto a esta ley ha generado fuertes críticas. Diversos sectores consideran que el retraso no solo obstruye la aplicación de una herramienta clave para la justicia, sino que también siembra dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno.
El momento es especialmente delicado, ya que la indecisión del Ejecutivo coincide con la solicitud de detención preliminar de Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector del programa Qali Warma. Hinojosa enfrenta serias acusaciones por presunta organización criminal, colusión y cohecho, cargos relacionados con su gestión durante el tiempo en que Boluarte era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
La solicitud contra Hinojosa incluye una detención preliminar de 10 días y el allanamiento de viviendas vinculadas a 14 personas. Sin embargo, esta medida fue rechazada debido a cambios previos realizados por el Congreso, lo que alimentó la percepción de que las modificaciones beneficiaron no solo al entorno presidencial, sino también a grupos delictivos como la presunta organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, cuyos integrantes fueron liberados tras la promulgación inicial de las reformas.
Una Ley Controvertida y sus Implicancias
La ley, que busca restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, es vista como una herramienta fundamental para el combate contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, las demoras en su promulgación han generado suspicacias. “Las normas deben resguardar a la población”, declaró Adrianzén, argumentando que la prudencia en el proceso es crucial para garantizar su correcta aplicación.
Las críticas señalan que la demora podría estar vinculada a intereses políticos. “Esta indecisión debilita la lucha contra el crimen organizado y genera un precedente peligroso de interferencia en la justicia”, opinó un analista jurídico consultado por Infobae.
El Caso de Fredy Hinojosa y las Repercusiones Políticas
El caso de Fredy Hinojosa ilustra las tensiones alrededor de esta normativa. Como exdirector de Qali Warma, Hinojosa ha sido señalado como parte de una red que habría cometido actos de corrupción durante su gestión. Según la fiscalía, las pruebas recabadas justificaban una detención preliminar que, de no haberse modificado la ley, habría sido aprobada sin mayores trabas.
En el marco de estas acusaciones, la falta de acción del Ejecutivo respecto a la promulgación de la ley genera especulaciones. “La demora beneficia directamente a personas vinculadas al gobierno, lo que plantea serias dudas sobre la independencia del Ejecutivo frente al sistema judicial”, afirmó un congresista opositor.
Contexto de la Ley y el Rol del Congreso
La ley en cuestión busca revertir modificaciones anteriores que limitaron la detención preliminar judicial, beneficiando a múltiples imputados de casos de alto perfil. Las reformas iniciales, aprobadas por el Congreso en años recientes, fueron ampliamente criticadas por organizaciones civiles y expertos legales por debilitar las herramientas de la justicia.
Ahora, con la nueva ley aprobada por el Legislativo, el gobierno tiene la oportunidad de reforzar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, la falta de acción concreta alimenta las sospechas de un uso político del poder.
Próximos Pasos
El límite de 15 días para decidir si la ley será promulgada u observada está por cumplirse. Si el Ejecutivo decide observarla, la norma volverá al Congreso para un nuevo debate, lo que prolongará aún más su entrada en vigencia. Mientras tanto, los casos como el de Fredy Hinojosa seguirán en un limbo jurídico, y las críticas hacia el gobierno de Boluarte continuarán escalando.
