El Poder Judicial aprobó un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la empresa ICCGSA, en el que esta última admite su responsabilidad por actos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura y su participación en 34 licitaciones públicas del denominado ‘Club de la Construcción’. Este esquema buscaba dar apariencia de competencia en contrataciones estatales.
Como parte del acuerdo, ICCGSA se compromete a proporcionar información clave para los procesos judiciales en curso y renuncia a iniciar acciones legales contra el Estado peruano relacionadas con los proyectos incluidos en el convenio.
Reparación civil y alcance del acuerdo
La constructora deberá pagar una reparación civil de S/ 181.1 millones al Estado peruano en un plazo de 10 años, más intereses de ley. Según Silvana Carrión, procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, este es el quinto acuerdo de colaboración eficaz con empresas vinculadas al escándalo, fortaleciendo investigaciones en casos como el ‘Hospital de Moquegua’ y el ‘Club de la Construcción’, que involucran a expresidentes como Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
Con este convenio, el Estado busca recuperar recursos y avanzar en la lucha contra la corrupción estructural en el país.
