La presidenta Dina Boluarte había expresado su intención de poner a debate la legalización de la pena de muerte para violadores de menores, una medida que actualmente se aplica en el Perú solo para dos delitos: terrorismo y traición a la patria en época de guerra. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aclaró que esta propuesta no representa aún una política formal de su gobierno.
“No podemos invitar a debatir cuando ya tenemos una posición sentada como Gobierno, sino ¿para qué invitamos al debate?”, declaró Adrianzén en una entrevista con RPP. Afirmó también que no se ha discutido ni debatido el apartamiento del ‘Pacto de San José’, tratado que limita la aplicación de la pena de muerte en los países firmantes. Según el premier, cualquier decisión en torno a esta medida debe respetar los compromisos internacionales asumidos por el Perú y el marco de su legislación nacional.
“No tenemos una fecha exacta de cuándo se dará el anuncio, pero este hecho atroz que todos hemos presenciado ha precipitado el debate. También debe darse al interior del Consejo de Ministros”, agregó Adrianzén, haciendo referencia al asesinato de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo, un crimen que ha generado indignación y rechazo a nivel nacional.
Marco legal actual y el contexto del debate
Actualmente, la Constitución peruana permite la pena de muerte exclusivamente para los delitos de terrorismo y traición a la patria en situaciones de guerra. Adrianzén recordó que cualquier ampliación de esta medida requeriría una reforma constitucional y, en el caso de la violación del ‘Pacto de San José’, el Perú tendría que desvincularse de este tratado internacional.
“A mí me parece intolerable que estemos contemplando cómo nuestras niñas pueden ser objeto de barbarismos de unos desadaptados, de unos antisociales, de unos criminales aberrantes”, enfatizó el premier. Sin embargo, también reconoció que la apertura de este debate debería involucrar a diversos sectores: la academia, los intelectuales, los políticos y los medios de prensa.
El funcionario evitó emitir una postura personal sobre el tema, destacando su responsabilidad como portavoz del Gobierno. “No puedo zanjar una posición hasta no ver cómo se realiza el debate al que hemos sido invitados”, subrayó.
Declaraciones de la presidenta Dina Boluarte
El martes 10 de diciembre, durante un evento de la Fuerza Aérea, la presidenta Dina Boluarte condenó enérgicamente el asesinato de la menor y solicitó a las autoridades judiciales adoptar medidas más severas para evitar que los delincuentes condenados por violación regresen a las calles.
“Es momento que, ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró Boluarte.
Sin embargo, para implementar una medida como esta, el Gobierno necesitaría denunciar el ‘Pacto de San José’, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 4 prohíbe la pena capital salvo en circunstancias excepcionales.
Posiciones en el gabinete
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, también abordó el tema durante una interpelación en el Congreso. En respuesta a la solicitud del congresista Jorge Montoya, del partido Honor y Democracia, Arana declaró que el tema podría ser evaluado, aunque reiteró la necesidad de considerar los compromisos internacionales y las implicancias legales de tal decisión.
“No significa que mañana vayamos a salir nosotros con un proyecto de ley de reforma constitucional o que se manden cartas para desvincularnos del ‘Pacto de San José’ ni mucho menos. Pero sí se trata de que el Ejecutivo diga: este tema nos preocupa, entendemos que le preocupa a la población y queremos escucharlos a todos”, explicó Adrianzén.
Contexto internacional
El Perú no es el único país que ha discutido la posibilidad de reinstaurar o ampliar la aplicación de la pena de muerte. En América Latina, pocos países mantienen esta práctica, y su aplicación ha sido motivo de controversia debido a las implicancias en derechos humanos y tratados internacionales.
Críticas y respaldo ciudadano
El debate sobre la pena de muerte genera posiciones polarizadas en la sociedad peruana. Mientras algunos sectores consideran que esta medida es necesaria para prevenir crímenes atroces, otros advierten sobre los riesgos de su implementación, incluyendo errores judiciales y el impacto en los derechos fundamentales.
La postura del Ejecutivo de abrir un debate amplio parece buscar un balance entre la indignación ciudadana frente a casos como el de Villa María del Triunfo y el respeto por los compromisos internacionales del país.
