El abogado Gustavo Adrianzén juró como nuevo jefe de Gabinete Ministerial, con el objetivo de que el gobierno de Dina Boluarte le dé vuelta a la página de la crisis provocada tras la difusión de un audio que comprometió a Alberto Otárola, hoy ex primer ministro, con una mujer de 25 años que fue favorecida con contratos- irregulares, de acuerdo a la contraloría- en el Estado.
Adrianzén, el tercer presidente del Consejo de Ministros de la administración Boluarte, se desempeñaba desde febrero del año pasado como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya sede es Washington D. C., Estados Unidos.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que el letrado no fue la primera opción de Boluarte para la PCM. Otras fuentes refirieron que inicialmente, Boluarte Zegarra le ofreció al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, pasar a la PCM. No obstante, este rechazó el puesto, al argumentar que tenía poco tiempo en el Gabinete y que deseaba “enfocarse en trabajar lo que está pendiente” de la reforma penitenciaria.
La mandataria también analizó la opción de Marisol Espinoza, ex congresista y ex primera vicepresidenta de la República. Pero esta fue descartada ante la negativa de César Acuña, gobernador regional de La Libertad y presidente fundador de APP, de que un cuadro de su agrupación reemplace a Otárola. ¿La razón? No quieren dar la sensación de que existe un cogobierno.
Otros nombres que se tuvieron en la mesa fueron los de los ministros Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social). Ambos están en el Gabinete desde el inicio del actual gobierno.
No obstante, la presidenta se decidió por Adrianzén, quien, de acuerdo a fuentes de El Comercio, habría sido la carta que Otárola habría recomendado.
Adrianzén y Otárola son cercanos desde que coincidieron en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), donde el primero fue ministro de Justicia y el otro titular de Defensa y asesor presidencial.
Boluarte no realizó más cambios en el Gabinete Ministerial y ratificó a los otros 18 ministros. Esto a pesar de los serios cuestionamientos que existen contra algunos ministros, como el del Interior, Víctor Torres, por el desborde de la criminalidad y la destitución de Jorge Angulo como comandante general de la Policía Nacional.
Sobre Torres pesan dos mociones de interpelación en el Congreso por estos dos temas.
Los dos ejes: reactivación y seguridad
En conferencia de prensa, Adrianzén refirió que más allá de los cambios en el Gabinete Ministerial de hace un mes, “todos los ministros están en permanente proceso de evaluación”. Agregó que, si llegase a surgir la necesidad de realizar nuevos ajustes, “estos se van a producir pensando en los intereses del país”.
El nuevo primer ministro afirmó que él expondrá la política general de gobierno cuando acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza. Pero adelantó que “los pilares fundamentales” serán la reactivación económica y la seguridad ciudadana.
Precisamente, fuentes cercanas a la PCM indicaron a El Comercio que “la política general” de la administración de Boluarte “será la misma” que con Otárola. Por ello, no entienden por qué el canciller Javier González-Olaechea anunció que esta iba a cambiar.
Las mismas fuentes refirieron que las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores no son “buenas” para el país, “porque se necesita continuidad”.
Además, el nuevo jefe de Gabinete Ministerial adelantó que en los próximos días buscará reunirse con todas las bancadas del Parlamento, “a fin de generar corrientes de opinión a favor nuestro”.
Adrianzén también dijo que no conoce los detalles sobre la denuncia hecha por su antecesor, Otárola, en el sentido de que existió un complot detrás de la denuncia que generó su salida.
“Yo insisto, si algo tenemos que investigar, adelante, tenemos que investigar, lo importante es que esos espacios grises desaparezcan para que la claridad surja”, remarcó.
El nuevo titular de la PCM subrayó que “no se ha conversado en absoluto sobre la posibilidad” de recolocar a Otárola en una embajada.
Desde La Libertad, donde inauguró las nuevas instalaciones del colegio José Sevilla Escajadillo, la presidente Boluarte afirmó que, tras el ingreso de Adrianzén a la PCM, “el gabinete no está en crisis”. “El país no está en crisis. Sabemos que es complejo administrar nuestra querida patria. Estamos afianzando nuestro trabajo y no nos vamos a detener un instante”, complementó.
Boluarte también rechazó que su hermano haya participado en un “complot” para lograr la salida de Otárola del gobierno.
“No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos son amigos. Cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno se está disputando absolutamente nada y eso ha querido hacerse entrever a través de esas noticias”, remarcó.
La jefa de Estado dijo que es ella la que toma las decisiones en el gobierno y n su hermano.
“Mi hermano participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este gobierno. La presidenta de la República, su hermana, soy yo. Las decisiones que tome, acertadas o no, con errores o no, es de la presidenta de la República. Yo tengo 11 hermanos, conmigo 12 y ninguno de ellos participa”, insistió.
Las polémicas del jefe de Gabinete
Como representante del Perú ante la OEA, Adrianzén protagonizó, en noviembre último, un incidente en una de las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., donde le estaba dando seguimiento a los avances de las investigaciones de las muertes en las protestas sociales, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Una ciudadana peruana, que estaba en la sala, le increpó al alto funcionario y le dijo que el “Estado miente”.
La respuesta de Adrianzén fue “ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta [de la sala de la CIDH], ellos son los violentos”.
“Señora presidenta, exigimos que se llame al orden, el Estado peruano no puede permitir esta presentación, la delegación del Estado peruano se va a tener que retirar”, agregó.
En octubre de 2015, en la recta final del gobierno de Humala, Adrianzén se vio obligado a renunciar al cargo de ministro de Justicia ante una inminente censura por parte del Congreso. Esto por someter a proceso disciplinario a la entonces procuradora contra lavado de activos, Julia Príncipe, luego de que esta haya declarado sobre la investigación a la entonces primera dama Nadine Heredia.
La oposición en el Parlamento calificó de “mordaza” este hecho y contaba con los votos necesarios para su destitución.
Durante su enfrentamiento con Príncipe, Adrianzén afirmó que la procuradora podía dar declaraciones sobre las pesquisas contra Heredia, “pero tampoco es la defensa del Estado, vedetismo”.
También intentó justificar una eventual destitución- que finalmente se dio, el mismo día que él renunció-al señalar que Edward Vizcarra Zorrilla, ex esposo de la entonces abogada del Estado, estaba involucrado en cuatro procesos por lavado de activos. No obstante, Príncipe estaba separada de esta persona desde el 2001.
Además, esa información había sido publicada por la revista “Juez Justo”, manejada por la red criminal de Rodolfo Orellana, a quien ella investigó.
Tras su destitución, Príncipe calificó de “lamentable” que Adrianzén, como ministro de Justicia, “se base en argumentos utilizados por la mafia de Orellana”. Este tipo de situaciones uno puede esperar de delincuentes, pero no de un ministro ni de personas que representan a una institución”, cuestionó en Canal N entonces.
El nuevo primer ministro es licenciado en Derecho por la Universidad Alcalá de Henares de Madrid (España), y también tiene un máster en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de Madrid.
Adrianzén es experto en derechos humanos, con estudios de postgrado en Ginebra (Suiza), Estrasburgo (Francia), San José de Costa Rica y Florencia (Italia).
El futuro de la JNJ y el factor Fujimori
El último 19 de febrero, Adrianzén brindó una extensa entrevista a RPP Noticias, donde se pronunció sobre la intención del Congreso de remover a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Estoy en condiciones de pedir que se reflexione de manera muy mesurada, calmada, general a todos los actores [sobre este enfrentamiento entre el Parlamento y la JNJ]. La imagen que llevamos al exterior cuando vemos estos conflictos, estos choques entre poderes desgasta al país y esto no es saludable, porque estamos en un proceso de reactivación”, manifestó.
El nuevo primer ministro, en aquella oportunidad, evitó señalar si una eventual destitución de todos los integrantes de la JNJ sería una intromisión del Congreso al sistema de justicia, pero sí remarcó que la JNJ podría verse afectada y debilitada si este acto se concreta.
Adrianzén, además, realizó una defensa cerrada del indulto otorgado en el 2017 a favor de Alberto Fujimori. Esto en el contexto de que el Estado peruano debe presentar ante la Corte IDH un informe sobre la liberación del expresidente en diciembre pasado, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso esta acción.
