En un evidente esfuerzo para contener las crecientes manifestaciones antigubernamentales en el país, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú (CC. FF. AA.) ha realizado una significativa compra de armamento «en apoyo a la Policía Nacional».
La adquisición, realizada mediante un proceso de compra directa, incluye 540 escopetas calibre 12A, 540 lanzagranadas lacrimógenas, 540 fusiles de asalto semiautomático M4 no letales, 540 pistolas calibre 9×19 y 2.700 unidades de balones de dióxido de carbono (Co2) de 88 gramos.
La operación se llevó a cabo sin licitación, bajo la justificación de una «situación de emergencia». Sin embargo, a pesar de que la adjudicación tuvo lugar el 31 de mayo, el CC. FF. AA. no ha reportado detalles del proceso ni el monto de la contratación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), lo que va en contra de las normas vigentes que buscan garantizar la transparencia en las adquisiciones estatales.
Además de esta falta de transparencia, tampoco se ha revelado la identificación de la empresa que se adjudicó la contratación. Esta compra se realizó utilizando parte de los S/233.3 millones que la presidenta Dina Boluarte autorizó transferir al Ministerio de Defensa el 7 de febrero de este año, en medio de las protestas contra el Gobierno.
Además de esta adquisición, el CC. FF. AA. ha firmado un contrato con la empresa estadounidense Sourcing Group Corp. para la provisión de equipos antimotines, por un monto de US$7.9 millones. Esto incluye cascos tácticos de protección balística, trajes antimotines, mascarillas antigás con filtro, y escudos balísticos nivel IIIA, entre otros.
