El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, ha dado marcha atrás en sus recientes declaraciones, donde comparaba la seguridad en Perú con la de El Salvador, país que desde marzo de 2022 se encuentra bajo un régimen de excepción para combatir a las pandillas. En una entrevista para el programa Punto Final, Arriola explicó que su afirmación se basó en índices de homicidios por cada 100 mil habitantes que, según él, mostraban una comparación favorable para el Perú. Sin embargo, tras una ola de críticas, reconoció que su comentario pudo haber sido inoportuno, especialmente en un contexto marcado por el aumento de extorsiones y la declaración de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Así lo reporta Luis Paucar en el portal de Infobae.
Arriola justificó sus palabras mencionando que, durante una reunión de Interpol en las Bahamas, se elogió a Perú por su labor en la detención de criminales extranjeros, destacando la captura de 3650 ciudadanos venezolanos, muchos de ellos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. «Nuestros valores estaban bien», afirmó el general, agregando que esta fue la base de su comparación con El Salvador. No obstante, admitió que la interpretación de sus declaraciones pudo haber sido errónea y que, en retrospectiva, «puede que haya sido inoportuno» hacer esa comparación.
La semana pasada, Arriola sorprendió al afirmar que Perú, después de El Salvador, es uno de los países más seguros de América Latina, basándose en la tasa de homicidios. Sin embargo, ante la ola de criminalidad y extorsiones que afecta al país, sus declaraciones no fueron bien recibidas, especialmente por los sectores más afectados por la delincuencia. El general también criticó a la Fiscalía por liberar a delincuentes capturados en flagrancia y pidió implementar medidas más severas para combatir el crimen, subrayando la gravedad de la situación en la región.
Además, el general comentó sobre la percepción de inseguridad en el país, señalando que, aunque las cifras de criminalidad son comparables con las de otros países, la percepción pública está influenciada por la cobertura mediática. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la percepción de inseguridad en Perú aumentó de 82.6% a 86.1% este año, lo que contradice la visión optimista presentada por Arriola en sus declaraciones iniciales.
El aumento de la inseguridad ha sido especialmente grave en sectores vulnerables, como el transporte público. Decenas de empresas de transporte protestaron recientemente contra la creciente extorsión que ha causado varios asesinatos en las últimas semanas. Este sector, afectado por la informalidad, ha sido blanco frecuente de extorsionadores, que amenazan a los propietarios de pequeños negocios, transportistas y ciudadanos. Según cifras del Gobierno, en 2024 se han registrado más de 14,000 denuncias por extorsión, mientras que en 2022 la cifra fue de 15,974.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 14 distritos de Lima y Callao, medida que permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) mantener el control interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de la población. La declaración de emergencia busca frenar el avance de la criminalidad y devolver la tranquilidad a las zonas más afectadas por la violencia y la extorsión, que en las últimas semanas ha alcanzado niveles alarmantes.
