La ponencia de tan solo nueve páginas del magistrado Ernesto Blume para revalidar el indulto a Alberto Fujimori, filtrada ayer y que respaldaron los jueces José Luis Sardón y Augusto Ferrero, ha recibido duras críticas por expertos y abogados de derechos humanos, debido a sus falencias y ausencia de fundamentos jurídicos.
“Si la sentencia es como esta ponencia, los tres magistrados firmaron un mamotreto con el fin de liberar a Alberto Fujimori”, sostuvo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA para asuntos de Perú y profesora de Ciencia Política.
Añadió que es una posición que no resiste el mayor análisis, pues no sustenta por qué el juez penal y la Corte Suprema no son competentes para evaluar el indulto ni por qué son subjetivas sus resoluciones sobre las irregularidades en la tramitación de la gracia presidencial ni el argumento de que dicho perdón es una prerrogativa presidencial que cumple los requisitos formales que dice la Constitución.
“La resolución de la Corte Suprema que anula el indulto del 2017 sustenta los vicios que lo rodea, pero la ponencia de Blume los rechaza sin haberlos analizado, y simplemente dice que son subjetivos”, comentó.
Burt objetó que la ponencia no mencione a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pese a que su resolución originó la anulación del indulto, pero señala una resolución de la Comisión Interamericana de 1981 sobre casos de condenados a muerte en otro país.
Presentan denuncia constitucional contra magistrados del TC por caso de Fujimori
“Está obviando la existencia de la resolución muy clara de la Corte IDH respecto al indulto, pero pretende argumentar contra ella. No tiene ni pies ni cabeza”, manifestó.
Agregó que tal como está parece un fallo de mala fe para sacar a Fujimori a costa de cualquier medio. Opinó que la situación es tan escandalosa que hay muchas probabilidades de que la Corte IDH anule de forma directa este fallo y ordene al Estado peruano a cumplir con las obligaciones de no impunidad.
Sin argumentos válidos
Similar opinión tienen los abogados que representan a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a familiares del caso Barrios Altos, cuestionó que el TC no haya mencionado que se trata de un caso de violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad, y que, pese a que la Corte IDH dio parámetros claros sobre el indulto humanitario, la ponencia los desconoce totalmente.
Dijo, además, que atenta contra el principio constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues no fundamenta de forma adecuada su postura.
Por su parte, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), desbarató el razonamiento de Blume en torno a la incompetencia de los jueces penales para ver la ejecución de la condena.
“Incluso señala que las víctimas no tienen legitimidad para presentar una acción de convencionalidad sobre el indulto porque ya se dio una condena, pero no es así, pues existe jurisprudencia del sistema de derechos humanos con respecto al derecho de participación de las víctimas”, indicó.
Recalcó que al señalar que no se puede cuestionar la facultad del presidente de otorgar indultos, se contradice, ya que el TC dictó un fallo contrario en el caso Crousillat.
