Un caso emblemático de corrupción en la gestión pública
El informe de la Contraloría titulado «Informe de Control Específico N° 140-2024-2-5339-SCE», confirma que la compra de los 18 camiones volquetes en Huánuco no solo representó un sobrecosto innecesario para el Estado, sino que también dejó inoperativos los vehículos adquiridos, afectando directamente a la población que debía beneficiarse con su uso.
Los hallazgos evidencian un patrón sistemático de corrupción, colusión y negligencia en la administración regional, donde funcionarios permitieron irregularidades que comprometieron casi dos millones de soles del presupuesto público.
Ahora, con la investigación en curso, la gran pregunta es: ¿se sancionará a los responsables o este caso quedará en la impunidad?
Los responsables del escándalo
El informe de la Contraloría identifica directamente a los funcionarios responsables, quienes aprobaron, gestionaron y ejecutaron la compra sin realizar los controles necesarios. Entre ellos se encuentran:
Álvaro Roger Ernesto Mendoza Castillo
- Cargo: Director Regional de Transportes y Comunicaciones Huánuco (desde el 3 de mayo de 2024).
- Hechos:
- Autorizó la contratación del mantenimiento correctivo de un camión volquete sin considerar la vigencia de la garantía.
- Aprobó el pago de S/ 2,164.00 por mantenimiento sin que este servicio fuera efectivamente brindado.
- Avaló la regularización del pago exigido por el Consorcio Soluciones de Infraestructura sin verificar su cumplimiento.
- Consecuencias:
- Perjuicio económico de S/ 1,976,663.95 para el Estado.
- Incumplió múltiples normativas de contrataciones del Estado y principios de la función pública.
- Presunta responsabilidad administrativa funcional.
Luigui Renzo Vidal Veliz
- Cargo: Director Regional de Transportes y Comunicaciones Huánuco (01 de diciembre de 2023 – 3 de mayo de 2024).
- Hechos:
- Aprobó modificaciones en los términos de referencia de la compra.
- No cuestionó el sobrecosto en la cotización de los camiones ni verificó el desglose de costos.
- Firmó el contrato sin exigir la prestación del mantenimiento incluido en el precio.
- Emitió conformidad de pago para los camiones, sin garantizar que se cumplan los estándares de calidad y especificaciones técnicas.
- Consecuencias:
- Perjuicio económico de S/ 1,976,663.95 para el Estado.
- Incumplió normativas de contrataciones del Estado y principios de la función pública.
- Presunta responsabilidad administrativa y penal por la comisión de delitos.
Dorcas Elizabeth Inga Gómez
- Cargo: Directora de Caminos (desde el 20 de marzo de 2023).
- Hechos:
- Autorizó las especificaciones técnicas que permitieron la sobreestimación del costo de los camiones.
- Solicitó la contratación del servicio de mantenimiento correctivo sin verificar si este era necesario.
- No exigió la certificación de la soldadura de los volquetes, a pesar de que esto era un requisito en las especificaciones técnicas.
- Avaló el pago a la empresa proveedora sin verificar que se cumplieran los estándares de calidad exigidos.
- Consecuencias:
- Perjuicio económico de S/ 1,976,663.95 para el Estado.
- Incumplió diversas normativas de contrataciones del Estado y regulaciones técnicas.
- Presunta responsabilidad administrativa y penal.
El informe recomienda que se abran procesos administrativos y penales contra los involucrados, señalando que estas acciones han causado un grave daño económico al Estado y han puesto en riesgo la seguridad de la población.
Una compra desastrosa que delata corrupción
El caso de los 18 camiones volquetes en Huánuco es un claro ejemplo de cómo la corrupción y la falta
de control pueden desviar recursos esenciales que deberían beneficiar a la ciudadanía. El informe de la Contraloría no deja dudas: hubo sobrecostos injustificados, se realizaron pagos indebidos y no se verificaron las condiciones mínimas de calidad antes de aceptar los vehículos.
El hecho de que el gobernador Antonio Pulgar Lucas presentara esta compra como un éxito de su gestión demuestra la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y la poca fiscalización interna dentro del Gobierno Regional. Ahora, con la investigación en marcha, la pregunta es: ¿se castigará a los responsables o este será otro caso de impunidad en el país?.La Contraloría ha enviado su informe a la Fiscalía Anticorrupción y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, con la recomendación de que se inicien acciones legales contra los funcionarios implicados.
