El pasado 12 de enero, un interno identificado como Frank Duck Panta Villalta, condenado a 20 años de prisión por robo agravado, escapó del penal de Piura, al norte del Perú. El incidente desató un cruce de acusaciones entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP), responsables de la seguridad del recinto penitenciario. Según reportó Jordan Arce para Infobae, esta fuga pone en evidencia fallas estructurales y de coordinación en el sistema penitenciario.
En un comunicado oficial, el INPE informó que el reo, quien estaba alojado en el pabellón 6 derecho, celda 13, no fue encontrado durante el conteo rutinario realizado el domingo por la mañana. Las primeras indagaciones indican que utilizó uno de los torreones para escapar, aprovechando la falta de vigilancia en ese momento.
Responsabilidades compartidas
Javier Llaque, presidente del INPE, explicó en declaraciones a Exitosa que la fuga fue posible debido a deficiencias en el “último anillo de seguridad”, que está bajo la responsabilidad de la PNP. “El INPE no elude su responsabilidad respecto a la salida del interno del pabellón, pero esta fuga no se hubiera consumado si el último anillo de seguridad hacía su labor. Entendemos que por falta de personal, o por otras razones, no cubren todos los torreones”, afirmó.
De los 11 torreones del penal, solo cuatro estaban bajo vigilancia activa, una situación que el INPE busca solucionar. Según Llaque, se asignarán 70 agentes penitenciarios adicionales para asumir el control total de la seguridad externa y evitar futuros incidentes.
Por su parte, el general Miguel Farías Zapata, jefe de la región policial de Piura, declaró que la fuga “revela deficiencias en la gestión interna del penal”, señalando que el INPE no garantiza un control adecuado dentro de los recintos.
Inicio de investigaciones
El INPE activó de inmediato sus protocolos de emergencia, notificando a la PNP y al Ministerio Público para que inicien las investigaciones correspondientes. Además, la Oficina de Asuntos Internos del INPE se trasladó al penal de Piura para evaluar posibles negligencias administrativas.
Llaque aseguró que “se evaluará si hubo negligencia o dolo por parte de los trabajadores penitenciarios” y que, en los próximos días, se procederá con la rotación del personal del penal como medida preventiva.
El problema del hacinamiento
La fuga de Panta Villalta ha puesto nuevamente en evidencia los problemas estructurales del sistema penitenciario peruano. Según datos del INPE, la capacidad instalada en los penales del país es de 41,700 internos, pero la población penitenciaria actual supera los 99,600. Esto representa un déficit de aproximadamente 58,000 espacios.
“Este año, comenzaremos la construcción de nuevos penales y pabellones para ampliar nuestra capacidad. En los próximos días colocaremos la primera piedra de un penal en Abancay, con capacidad para 800 internos. Además, reiniciaremos las obras en Arequipa y Pucallpa”, señaló Llaque.
Otra medida que busca aliviar el hacinamiento es el uso de grilletes electrónicos, un mecanismo de vigilancia electrónica para reducir la población en los penales. Actualmente, solo 60 dispositivos están en funcionamiento, pero el reciente marco legal aprobado por el Congreso permitirá ampliar su uso en casos de delitos menores.
Desafíos adicionales de seguridad
Además del hacinamiento, el ingreso de objetos prohibidos como celulares y drogas sigue siendo un desafío en los penales del país. Llaque reconoció que, aunque se han instalado bloqueadores de señal en algunos recintos como Lurigancho, aún existen puntos vulnerables. Sin embargo, destacó que “la cantidad de celulares encontrados ha disminuido considerablemente desde que el INPE asumió la seguridad interna de los penales”.
En el caso del penal de Piura, las autoridades han reforzado las inspecciones en celdas y áreas comunes, y las medidas de control se mantendrán mientras avanza la investigación de la fuga.
Impacto en la seguridad local
La fuga de Panta Villalta ha generado preocupación entre los ciudadanos de Piura, quienes exigen acciones inmediatas para garantizar su seguridad. Organizaciones civiles y líderes locales han pedido mayor coordinación entre el INPE y la PNP para evitar nuevos incidentes de esta naturaleza.
“La solución radica en una mejor coordinación entre las instituciones responsables”, reiteró Llaque, quien aseguró que el INPE está tomando medidas correctivas para garantizar un control más estricto en todos los penales del país.
