La privacidad de datos de millones de pacientes en Florida se encuentra en el centro de una controversia, tras la exigencia del regulador de seguros del estado de acceder a información detallada sobre prescripciones médicas. Esta solicitud, que incluye nombres de pacientes, fechas de nacimiento y los médicos que los atienden, ha generado alarma por el posible alcance excesivo del gobierno y la vulneración de la confidencialidad médica.
Según la investigación publicada por The New York Times, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida solicitó esta información en enero a gestoras de beneficios de farmacia (PBMs) como Optum Rx de UnitedHealth y Caremark de CVS Health. Estas compañías son intermediarias que administran los beneficios de medicamentos recetados para empleadores y programas gubernamentales, gestionando la cobertura y los precios de los fármacos.
La justificación oficial detrás de esta demanda de datos, según una carta dirigida a una de las PBMs, es verificar el cumplimiento de estas empresas con una ley estatal de 2023 destinada a reducir los precios de los medicamentos y controlar a las gestoras de beneficios. No obstante, el alcance de la información solicitada ha suscitado dudas sobre la necesidad de un nivel tan granular de datos personales para fines de supervisión regulatoria. Expertos en derecho sanitario y privacidad, como Sharona Hoffman de Case Western Reserve University, advierten sobre la falta de necesidad de información tan detallada para la supervisión y los riesgos que implica para la privacidad de los pacientes.
La preocupación aumenta en un contexto político en el que Florida ha implementado restricciones significativas en el acceso a la atención médica reproductiva y de personas transgénero. La prohibición del aborto después de las seis semanas de gestación y las limitaciones a la atención de transición de género para menores son ejemplos de políticas que podrían ser reforzadas mediante el análisis de los datos de prescripción. Aunque un juez anuló partes clave de la ley sobre atención transgénero, esta sigue en vigor mientras se desarrolla la batalla legal.
La información requerida por el estado podría, en teoría, utilizarse para determinar si los médicos cumplen con estas leyes restrictivas. Esto plantea el temor de que el gobierno esté buscando activamente información sobre la atención reproductiva, la atención transgénero o la salud mental, lo que podría tener un efecto escalofriante en los pacientes y los proveedores de atención médica.
Es importante destacar que las PBMs manejan una gran cantidad de datos sensibles de pacientes y están sujetas a regulaciones federales como HIPAA, que protegen la privacidad de la información médica. La solicitud de Florida plantea interrogantes sobre cómo se equilibrarán estas protecciones con el interés del estado en supervisar el cumplimiento de sus leyes. La situación actual genera una tensión entre la necesidad de transparencia y control en el mercado farmacéutico y el derecho fundamental a la privacidad de los pacientes.
