El Ministerio Público presentó un pedido ante el Poder Judicial para imponer comparecencia con restricciones por 36 meses a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Esta solicitud, presentada el pasado 13 de enero, incluye varias medidas cautelares con el objetivo de garantizar la participación de Peralta en todas las diligencias judiciales correspondientes.
Entre las restricciones solicitadas por la Fiscalía destacan: la obligación de acudir al control biométrico personal y presencial el primer día hábil de cada mes, la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial y la prohibición de comunicarse con el exjuez supremo César Hinostroza, así como con los testigos y declarantes relacionados con el caso.
Adicionalmente, se ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se imponga a Peralta una caución económica de 30 mil soles, con el fin de reforzar las garantías de cumplimiento. La Fiscalía advirtió que, de no acatar estas restricciones, se procedería a revocar las medidas y ordenar su captura nacional e internacional.
Prisión preventiva contra César Hinostroza
En paralelo, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva por 36 meses contra César Hinostroza, exjuez supremo y considerado una figura central en la red de corrupción que investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Según las autoridades, esta medida es necesaria debido al rol que desempeñó Hinostroza como juez superior en la Corte Superior de Justicia del Callao, donde habría utilizado su posición para ejercer influencia indebida en beneficio de terceros.
Esta solicitud se da después de que el Poder Judicial dictara una nueva orden de prisión preventiva de 18 meses contra Hinostroza. Sin embargo, el exjuez permanece prófugo de la justicia, con una orden de captura internacional emitida en su contra.
“César Hinostroza ha demostrado ser un riesgo para las investigaciones al evadir la justicia y permanecer en la clandestinidad. Su rol como uno de los líderes de esta red de corrupción justifica plenamente la medida de prisión preventiva”, indicó un representante de la Fiscalía.
Audiencia clave programada para el 23 de enero
El juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado una audiencia clave para el próximo 23 de enero a las 8:30 a.m., donde se evaluarán las solicitudes presentadas por la Fiscalía. En esta sesión se determinará si proceden las restricciones contra Elizabeth Peralta y la prisión preventiva contra César Hinostroza.
Esta audiencia es considerada de gran importancia, ya que busca dar un nuevo impulso a las investigaciones y garantizar que los implicados enfrenten las disposiciones legales mientras se esclarecen los hechos.
“Los Cuellos Blancos del Puerto”: una red de corrupción que sacudió al sistema judicial
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” es una de las investigaciones más emblemáticas de corrupción en el Perú. Esta red, que involucraba a magistrados, jueces y otros funcionarios públicos, habría operado al interior del Poder Judicial favoreciendo intereses privados a cambio de beneficios económicos y políticos.
Entre los personajes más destacados del caso se encuentran:
- César Hinostroza Pariachi: Exjuez supremo acusado de ser uno de los líderes de la red. Se le atribuyen delitos como tráfico de influencias y organización criminal.
- Consejeros del CNM: Varios miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura fueron señalados por participar en el nombramiento irregular de jueces y fiscales, generando una crisis de confianza en el sistema de justicia.
La magnitud de este caso generó un fuerte impacto institucional en 2018, cuando se revelaron los audios que destaparon las operaciones de esta red. Como consecuencia:
- El Consejo Nacional de la Magistratura fue disuelto y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
- Decenas de jueces y fiscales fueron destituidos e investigados por su participación en los actos de corrupción.
Medidas cautelares: un paso más en la lucha contra la corrupción
Con las recientes solicitudes de la Fiscalía, se busca reforzar el proceso de investigación en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y garantizar que los involucrados cumplan con las disposiciones legales.
“Las restricciones solicitadas contra Elizabeth Peralta son necesarias para evitar que interfiera en las diligencias y garantizar que colabore con la justicia. Su conexión con César Hinostroza y otros implicados requiere un control riguroso por parte del Poder Judicial”, señalaron los fiscales encargados del caso.
En el caso de Hinostroza, las autoridades insisten en la necesidad de su prisión preventiva para impedir que continúe evadiendo la justicia. La orden de captura internacional vigente representa un esfuerzo por parte de las autoridades peruanas para llevar al exjuez ante los tribunales y responder por los cargos que se le imputan.
Un caso emblemático de corrupción
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” es considerado un símbolo de la corrupción que afecta a las instituciones judiciales en el Perú. La red de corrupción no solo perjudicó la imagen del sistema de justicia, sino que también dejó en evidencia las debilidades estructurales que permitieron su funcionamiento.
Desde la difusión de los primeros audios en 2018, este caso ha expuesto cómo altos funcionarios judiciales y políticos se valieron de sus posiciones de poder para obtener beneficios personales y económicos.
“Este caso ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema judicial en el Perú y de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar que redes de corrupción sigan operando”, opinó un analista político consultado por Infobae.
El camino hacia la justicia
La audiencia programada para el 23 de enero será crucial para determinar si las solicitudes de la Fiscalía proceden y si se logra dar un paso más hacia el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en esta lucha contra la corrupción.
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” representa un desafío para las autoridades peruanas, que tienen la responsabilidad de garantizar que los responsables enfrenten la justicia y de restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
