Un equipo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acudió esta mañana al hospital Almenara en el marco de la denuncia que involucra a 9 personas, entre ellos funcionarios de EsSalud, en el presunto cobro irregular de dinero para poder acceder a las camas UCI.
El equipo del Ministerio Público y de la Policía Anticorrupción llegó hasta la puerta 6 del hospital Almenara, ubicado en el distrito de La Victoria; sin embargo, tuvieron un percance para ingresar debido a que no se agilizó el permiso.
Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional, desbarataron la presunta organización criminal ‘Los Ángeles Negros’, que cobraba hasta 82 mil soles por ingresar a un paciente grave con la COVID-19 a una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Red Almenara.
Los intervenidos fueron identificados como Ana Cecilia Aróstegui (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza), Iraida Vanessa Muñoz (fiscal).
Asimismoo, Pedro César Pino (coordinador de la Red de Salud Almenara), Sebastián Bazalar Aróstegui (familiar) , Miguel Ángel Agarini (familiar), Luis Diego Alejandro Moreyra (familiar), Pedro César Pino (coordinador de extensión y cobertura de la Red Prestacional Almenara), Piero Jesús Pino (familiar) y Vanessa Recuenco Ochoa (familiar).
El megaoperativo resultó ejecutado por personal de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, con la Dirección Nacional de Inteligencia.
Arturo Valverde, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción, informó que las nueve personas intervenidas permanecerán detenidas preliminarmente por siete días.
Cobraban para priorizar el traslado a camas UCI
Según información policial, ‘Los Ángeles Negros’ cobraba fuertes sumas de dinero, hasta 82 mil soles, a personas y familiares de pacientes graves con la COVID-19.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia detalló que los montos resultaban depositados a la cuentas de los hijos y otros familiares de los funcionarios vinculados al caso.
En la operación, participaron 37 fiscales, así como 114 efectivos de la Policía Nacional y personal de la Sanidad de esta institución.
Los intervenidos resultaron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones del caso.
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