Personal del Ministerio Público, junto con efectivos de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó este martes una intervención en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. Según informó Mariana Quilca Catacora para Infobae Perú, esta diligencia forma parte de las investigaciones preliminares por una presunta red de prostitución que operaría dentro del Legislativo, encabezada por el exjefe del área, Jorge Torres Saravia, investigado por el delito de explotación sexual.
Este operativo es el segundo en menos de una semana y se enmarca en la denuncia que vincula a Torres Saravia con actividades ilícitas dentro del Congreso.
Detalles de la intervención
La intervención en la sede parlamentaria se llevó a cabo en el sexto piso del edificio donde se encuentra el área legal. Los representantes de la Fiscalía y la PNP buscaron documentación e indicios que permitan esclarecer la supuesta red de explotación sexual.
“La Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro realiza la constatación de la diligencia de inspección técnico policial en el Congreso como parte de la investigación preliminar contra Torres Saravia”, informó el Ministerio Público mediante sus redes sociales.
Según reportes de Canal N, esta operación también estaría relacionada con la muerte de Andrea Vidal, extrabajadora del área legal del Congreso, quien habría colaborado con Torres Saravia en el reclutamiento de mujeres.
Renuncias en la comisión ad hoc
Antes del operativo, se conoció que los miembros de la comisión ad hoc nombrada por el oficial mayor del Congreso para investigar el caso presentaron su renuncia. Aunque no se especificaron los motivos, legisladores señalaron que esta acción podría ser una estrategia para dilatar el proceso.
El congresista Juan Burgos, miembro de la Comisión de Fiscalización, lamentó esta situación durante una sesión. “Esto demuestra una falta de compromiso con la transparencia en un caso tan grave que afecta la imagen del Congreso”, afirmó.
Críticas a la gestión de Eduardo Salhuana
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha sido duramente criticado por la lentitud en la respuesta institucional ante las denuncias. A pesar de las investigaciones en curso, Salhuana viajó a China para participar en la Asamblea Popular Nacional de ese país, del 5 al 10 de enero.
“La gestión de Salhuana ha sido señalada por no actuar con rapidez frente a una denuncia tan grave como la de una presunta red de explotación sexual en el Congreso”, indicaron analistas políticos.
Ante los cuestionamientos, el titular de la Mesa Directiva anunció que adelantaría su retorno al país, aunque hasta el momento no se han reportado acciones concretas desde su despacho en relación con el caso.
El papel de Andrea Vidal
La abogada Andrea Vidal es una figura central en esta investigación. Según testimonios recogidos por el semanario Hildebrandt en sus Trece, Vidal habría sido despedida en septiembre de 2024 tras mantener una relación cercana con Jorge Torres Saravia.
“Andrea Vidal era referida como ‘la China’ por Torres Saravia. No tenía funciones claras asignadas en el área legal y solía faltar al trabajo con frecuencia”, detallan las fuentes del semanario.
Su muerte, ocurrida una semana después de un extraño atentado, levantó sospechas. Inicialmente, se creyó que el ataque iba dirigido al conductor del vehículo en el que viajaba Vidal. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que ella podría haber sido el verdadero objetivo.
Se presume que Vidal habría tenido conocimiento sobre las actividades ilícitas lideradas por Torres Saravia, quien habría contratado a mujeres como asesoras o secretarias para involucrarlas en actividades relacionadas con la explotación sexual.
“Andrea Vidal expuso uno de los escándalos más graves que involucran al Congreso, convirtiéndose en una pieza clave para destapar esta presunta red de trata de personas”, concluyó un analista jurídico.
Implicaciones políticas
Este caso ha generado un impacto considerable dentro del Congreso, salpicando a figuras vinculadas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de Eduardo Salhuana y Alejandro Soto, ex presidente del Congreso.
La Comisión de Fiscalización ha anunciado que citará a ambos congresistas para que rindan cuentas sobre el manejo del caso y las acciones tomadas para esclarecer las denuncias. “El Congreso tiene la responsabilidad de transparentar este proceso y garantizar que no se encubran responsabilidades”, afirmó un representante de la Comisión.
El rol de Jorge Torres Saravia
Jorge Torres Saravia, exjefe del área legal, es señalado como el principal responsable de esta presunta red de explotación. Según el reportaje de Hildebrandt en sus Trece, Torres Saravia habría organizado fiestas privadas con altos funcionarios, grabándolos y fotografiándolos durante estos encuentros.
Las mujeres contratadas para trabajar en el Congreso, muchas de ellas sin cumplir los requisitos para los cargos, habrían sido utilizadas en actividades de prostitución dentro de la sede legislativa.
El informe también detalla que Torres Saravia mantenía conexiones cercanas con altos dirigentes de APP, lo que podría explicar la falta de acción decisiva en torno a las denuncias.
Demandas de transparencia y justicia
El caso ha generado indignación en la ciudadanía y demandas de transparencia por parte de organizaciones civiles y políticas. La falta de resultados concretos en las investigaciones, a más de un mes del asesinato de Andrea Vidal, ha levantado cuestionamientos sobre la eficacia del Congreso para enfrentar estas denuncias.
“La gravedad de estas acusaciones no solo afecta a los implicados, sino que pone en entredicho la credibilidad de una institución clave para la democracia”, advirtió un experto en gobernabilidad
