La fiscal Luz Taquire Reynoso, de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, está a la espera de que la lobista Karelim López presente o ayude a obtener las pruebas que permitan corroborar la declaración que ofreció al solicitar acogerse a la colaboración eficaz.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, López y su abogado César Nakazaki vienen presentando un “relato coherente” de presuntos actos de corrupción en el actual gobierno, pero al que le faltan elementos sustentatorios que un aspirante a colaboración eficaz debería entregar o ayudar a obtener.
En la primera parte de su declaración, López entregó un USB con tres archivos que contienen la misma información, un listado de proyectos de ejecución de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que son de conocimiento público.
Luego, ella dice que tomó el USB con un archivo de la oficina en Palacio de Gobierno del ex secretario general de la presidencia Bruno Pacheco. Sin embargo, los peritos dicen que no hay forma de probar que el USB entregado haya salido de esa oficina.
Aun cuando el mismo archivo se encuentre en la computadora que utilizaba Pacheco, sería imposible saber que el USB y el archivo copiado salieran de ese lugar. La situación se complica más, pues la aspirante a colaboradora copió los otros dos archivos al mismo USB, desde su propio equipo de computo.
Otro aspecto sí podría ser probado, pero otra vez se necesita mayor información de López. Ella dice que Pacheco mostró ese archivó a proveedores del Estado, a los que les ofreció que él les podría ayudar a beneficiarse de alguna de las licitaciones.
La Fiscalía está a la búsqueda de un proveedor del Estado que corrobore que Pacheco les mostró ese archivo y les hizo la oferta antes mencionada. Este fue uno de los objetivos por los que el lunes último la fiscal Taquire allanó un departamento que ocuparon Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo y Cledin Vásquez Castillo, en la cuadra 30 de la avenida Brasil.
El departamento habría sido alquilado por empresarios allegados a los sobrinos, que también habrían recibido ofertas para intervenir en licitaciones públicas en el MTC y el Ministerio de Vivienda. La Fiscalía habría incautado equipos de cómputo en los que se revisará el mencionado archivo PDF y ver si coinciden las fechas.
