El exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides, y su exgerente general Carlos Ramón Noda han sido condenados a cuatro años y dos meses de prisión suspendida tras ser hallados culpables del delito de peculado doloso. La sentencia, que incluye un período de prueba de dos años, fue emitida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Alexander Pérez López.
Según la acusación fiscal, Noda se benefició indebidamente de fondos públicos al percibir su remuneración completa como funcionario del Gobierno Regional de Ica, a pesar de haber participado en 11 reuniones del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin haber justificado su ausencia ni solicitado descuentos en su salario. “Recibió su remuneración regular mediante una resolución ejecutiva regional firmada por el entonces gobernador Fernando Cillóniz”, precisó el Ministerio Público. Según Camila Calderón para Infobae.
Pena suspendida y reglas de conducta
La condena establece que tanto Cillóniz como Noda deberán cumplir estrictas reglas de conducta. En caso de incumplimiento, la prisión suspendida podría ser revocada y convertida en efectiva. Entre las disposiciones impuestas se encuentran:
- Prohibición de cometer nuevos delitos contra la administración pública.
- Obligación de permanecer en su lugar de residencia.
- Pago de una reparación civil solidaria de S/ 12.608,90 en un plazo de 10 días.
En caso de que los condenados no realicen el pago dentro del plazo establecido, podrían enfrentarse a sanciones adicionales.
Cillóniz y sus vínculos con Odebrecht
La condena se da en un contexto de creciente controversia en torno a Fernando Cillóniz. Recientemente, el exgobernador de Ica fue excluido de su precandidatura presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), luego de admitir públicamente que representa legalmente a dos empresas vinculadas a Odebrecht en el Perú: CTO y H2Olmos.
En una entrevista con Willax, Cillóniz reconoció su relación con la constructora brasileña: “Yo represento legalmente a esas dos empresas de Odebrecht, sí”, afirmó. Explicó que su participación en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, en Lambayeque, es crucial para evitar la pérdida de 67,000 empleos y garantizar el suministro de agua para los agricultores de la zona.
Sin embargo, el PPC consideró que sus vínculos con la empresa eran incompatibles con los principios del partido, lo que llevó a la suspensión de su militancia y precandidatura. La organización política enfatizó en un comunicado: “El PPC reafirma su compromiso indeclinable con la honestidad y la ética, en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante a la corrupción”.
Renuncia al PPC y sospechas de represalias políticas
Tras la decisión del partido, Cillóniz presentó su renuncia formal al PPC, la cual fue aceptada por su presidente, Carlos Neuhaus. En declaraciones a Perú 21, el exgobernador insinuó que su situación judicial podría haber sido aprovechada por ciertos sectores del partido para apartarlo de la carrera presidencial.
“Me dicen que esta coincidencia entre la reapertura de la investigación en mi contra y mi precandidatura no es casualidad. Yo jamás pedí ser precandidato; fue una invitación del PPC. Pero si me iban a respaldar, tenían que saber que en mi caso enfrentaríamos a la corrupción con firmeza, como lo hicimos en Ica”, expresó Cillóniz.
Contexto del caso y antecedentes
Fernando Cillóniz gobernó la región de Ica entre 2015 y 2018, tiempo durante el cual fue acusado en varias ocasiones de irregularidades en la administración de fondos públicos. Aunque ha sostenido que su gestión fue transparente y enfocada en combatir la corrupción, la reciente sentencia pone en duda su historial como funcionario público.
Por su parte, Carlos Ramón Noda, como gerente general del Gobierno Regional de Ica, ocupó cargos clave en la toma de decisiones económicas y administrativas de la región. La fiscalía determinó que su actuación en el caso de peculado doloso no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de uso indebido de recursos públicos durante su gestión.
Reacciones y consecuencias políticas
La condena ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos analistas consideran que la pena es insuficiente en comparación con la gravedad del delito, otros creen que sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción.
El analista político Oscar Vidarte señaló que “este caso demuestra que la corrupción no distingue partidos ni ideologías. Es un mensaje claro de que las autoridades deben rendir cuentas por el uso de los fondos públicos”.
Por otro lado, el jurista José Tello recordó que la pena suspendida no implica impunidad, sino que los condenados estarán bajo vigilancia judicial: “Si incumplen las reglas de conducta, podrían perder la suspensión y cumplir la condena en prisión”.
Desde el entorno de Cillóniz, algunos simpatizantes han expresado su rechazo a la sentencia y la han calificado como “una represalia política”. Sin embargo, la mayoría de expertos coincide en que el fallo es un reflejo de los esfuerzos por combatir la corrupción en la gestión pública.
¿Qué sigue para Cillóniz y Noda?
Tras la sentencia, ambos condenados deberán cumplir con el pago de la reparación civil y acatar las reglas impuestas por el tribunal. Cillóniz, por su parte, ha asegurado que continuará en la vida pública, aunque su futuro político queda en entredicho tras su separación del PPC y el fallo en su contra.
Mientras tanto, el caso ha abierto el debate sobre la necesidad de mayores controles en la administración de fondos públicos a nivel regional y local, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
