Amazonía en riesgo: Modificatoria de Ley Forestal incrementa deforestación
El fiscal ambiental de Madre de Dios, Carlos Chirre, ha expresado su preocupación por la modificatoria de la Ley Forestal, argumentando que esta medida generará un espacio de impunidad para aquellos que destruyen los bosques de la Amazonía peruana. Según Chirre, «con la nueva ley prácticamente lo que se está buscando es crear un espacio de impunidad. Ahora, ¿cómo voy a imputar a una persona que se dedica a talar o a desboscar? Si con la nueva ley ya le están indicando que si ha talado para hacer agricultura entonces te voy a condonar. (…) Ya no lo voy a poder investigar porque era para hacer agricultura y, prácticamente, están premiando al que va a hacer la tala», puntualizó el fiscal provincial.
Estas declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en el marco del POLLEN 24, un evento que tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y que reunió a diversos especialistas en materia ambiental y social.
Promoverá la invasión
En el mismo evento, el vicepresidente de la Organización Regional de Aidesep en Ucayali (ORAU), Herlin Odicio, advirtió que la modificatoria de la Ley Forestal incrementará la invasión de territorios ancestrales, poniendo en riesgo la vida de las poblaciones nativas. «Cuando han escuchado la modificación de la Ley Forestal han impulsado con toda la fuerza la invasión. (Por ejemplo, en torno a la carretera Nueva Italia-Breu) Los cocaleros están captando jóvenes indígenas en Tahuanía para que sean mochileros, están captando a niñas y la están prostituyendo. ¿Quién controla esto? (…) Nosotros no estamos contra el desarrollo, sino queremos que respeten nuestro territorio y nuestros derechos», enfatizó el líder indígena.
Serfor
Por su parte, el director de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del Serfor, Williams Arellano, informó que se ha avanzado un 40 % en la restauración de áreas degradadas de una primera meta de 330 mil hectáreas, las cuales forman parte de un total de 2 millones de hectáreas priorizadas. Arellano también destacó los múltiples retos en cuanto a capacidades institucionales, recursos financieros y conocimiento técnico para impulsar proyectos de restauración.
Deforestación en incremento
El especialista técnico de la iniciativa Unidos por los Bosques de la FCDS-Perú, Fernando Regal, alertó que tres regiones amazónicas (Ucayali, Loreto y San Martín) ya han superado el medio millón de hectáreas de bosque deforestado, lo que subraya la urgencia de tomar medidas articuladas para evitar una mayor pérdida de cobertura forestal. “Los retos que enfrentamos para enfrentar la deforestación son muchos. La realidad es compleja, tanto en el ámbito social, económico y jurídico. Se necesita para avanzar una articulación entre todos los niveles de gobierno y en las organizaciones, tanto a nivel público, privado y la sociedad civil para poder combatir las causas de la deforestación”, señaló Regal.
Reducción de bosques
El presidente de la Cámara Nacional Forestal, Ignacio Lombardi, informó que desde el 2001 a la fecha se ha reducido en un 43 % los bosques de producción permanente en el Perú, siendo las regiones de Pasco, Junín, San Martín, Loreto y Puno las que registran mayor pérdida. Lombardi también manifestó la necesidad de aportar al proceso de reglamentación de la modificatoria de la Ley Forestal.
Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, consideró que con esta modificatoria se incrementarán los niveles de deforestación en el Perú, además de poner en riesgo a defensores ambientales indígenas. Che Piu también recalcó que el Estado peruano está incumpliendo con tratados internacionales, particularmente aquellos vinculados a la lucha contra el cambio climático y la deforestación.
Dato:
La especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Flor Cabanillas, comentó que se debe tener en cuenta el impacto del reglamento europeo sobre deforestación, dado que la implementación del reglamento de clasificación de tierras y otras normas no han demostrado ser eficaces.