Exfuncionarios del Hospital HV enfrentan proceso sancionador por irregularidades administrativas

Los cinco implicados, entre ellos Juan Carlos Barreto Méndez, podrían enfrentar sanciones de inhabilitación de 1 a 5 años en función pública

El Órgano Instructor Junín de la Contraloría General de la República de Perú emitió la Resolución N° 000070-2023-CG/INSJUN el 8 de junio de 2023, dando inicio a un procedimiento administrativo sancionador contra cinco funcionarios del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano en Huánuco, Perú. 

El procedimiento, que tendrá una duración de 60 días hábiles, surge a raíz de un informe de control que detectó irregularidades en la contratación de personal en el hospital.

Según el Informe de Control Específico N° 003-2022-2-4764-SCE, emitido el 12 de diciembre de 2022, los funcionarios permitieron la continuidad irregular de trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 (CAS) en el hospital durante cinco meses del ejercicio fiscal 2022. Este comportamiento se produjo sin la certificación de disponibilidad presupuestal (PRES), lo que constituye una infracción muy grave.

Las infracciones, tipificadas en los numerales 21 y 32 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se traducen en «Negligencia en la gestión de la ejecución del gasto público generando gravamen al Estado» y «Incumplimiento de las disposiciones que regulan la ejecución de los fondos públicos, con resultados lesivos al Estado», respectivamente.

Los cinco funcionarios implicados son, Juan Carlos Barreto Méndez como exdirector Ejecutivo; José Andrés Castilla Meza, quien era jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración; Erick Claudio Arero Rojas, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Personal; Olinder Ronald Arero Meza Calixto, en su momento jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración; y Liliam Maria Quinto Hurtado, quien era jefa de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico. 

La resolución incluye un pliego de cargos para cada uno de ellos, considerando infracciones como “muy graves” en los cinco funcionarios para todos ellos.

En caso de ser declarados culpables, estos funcionarios podrían enfrentar sanciones de inhabilitación para ejercer la función pública durante un período de entre 1 y 5 años, debido a la gravedad de las infracciones.

Este caso destaca la importancia de la transparencia y la gestión adecuada en el sector público, especialmente en áreas tan críticas como la atención sanitaria. 

La contratación irregular de personal no solo puede llevar a sanciones legales para los responsables, sino que también puede tener un impacto en la eficiencia y efectividad de los servicios de salud, lo que a su vez puede afectar a la población a la que se pretende servir.

La conclusión de este procedimiento administrativo sancionador será una prueba importante de la capacidad del sistema de control de Perú para responsabilizar a sus funcionarios públicos y garantizar la integridad de sus instituciones de salud pública.

Dato:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República de Perú es el marco legal que establece las funciones, competencias y estructura orgánica de la Contraloría General, el organismo superior del Sistema Nacional de Control encargado de supervisar el uso y destino de los recursos y bienes del Estado peruano.