Escándalo financiero: Bonificaciones ilegales detectadas en la gestión de Rubén Alva

Despilfarro en la administración pública: Huánuco enfrenta mal uso de presupuesto

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha revelado graves irregularidades en el pago de bonificaciones a funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco durante la gestión de Rubén Alva Ochoa. 

Según la investigación, 149 trabajadores recibieron de manera indebida la bonificación establecida en el artículo 1 de la Ley N° 037, lo que generó un perjuicio económico de 596 548 soles al Estado. 

El informe detalla los nombres de los beneficiarios irregulares y ha sido remitido a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional para que inicie las acciones legales correspondientes, con el fin de recuperar los montos indebidamente cobrados.

Consultado al respecto, el Procurador Público Regional, Carlos Nolorve, confirmó la recepción del documento y señaló que se encuentran evaluando el inicio de las acciones legales respectivas. 

«Si la Contraloría está diciendo que es un pago irregular, la Procuraduría de la Contraloría General seguramente va a iniciar la acción legal pertinente. Nosotros no vamos a tomar el caso porque así lo ha establecido el propio Procurador de la República», manifestó Nolorve.

Cabe recordar que la Ley N° 037, vigente desde 2013, establece dos tipos de bonificaciones para los servidores públicos. La primera es una bonificación extraordinaria por escolaridad y la segunda es una bonificación por servicios en el sector público. 

Es justamente esta segunda bonificación la que habría sido cobrada irregularmente por los funcionarios señalados, según el análisis realizado por la Contraloría.

Mientras tanto, la población de Huánuco exige que se devuelvan los montos cobrados ilegalmente y que no queden impunes aquellos que se aprovecharon de su cargo para beneficiarse económicamente de manera indebida, en perjuicio de las arcas del Estado.

Dato:

De comprobarse las irregularidades y el perjuicio económico, los responsables podrían recibir sanciones administrativas e incluso penales, dependiendo de la gravedad de la falta. El Gobierno Regional ya inició el proceso para identificar y sancionar a los posibles responsables.