La Contraloría General de la República revela que funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones aprobaron pagos irregulares y permitieron sobrecostos que generan un perjuicio económico de más de 1.9 millones de soles
El «gran logro» del gobernador resulta ser un caso de corrupción. Lo que el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, presentó hace un año exactamente, como un gran logro de gestión y de “Revolución vial”, ahora es investigado como un escándalo de corrupción y malversación de fondos públicos. La Contraloría General de la República ha ratificado que la adquisición de 18 camiones volquetes por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) estuvo marcada por sobrecostos injustificados, incumplimientos técnicos y pagos por servicios inexistentes, lo que ha generado un perjuicio económico para el Estado de S/ 1,976,663.95.
El informe de la Contraloría, titulado «Informe de Control Específico N° 140-2024-2-5339-SCE», establece con claridad cómo funcionarios de la DRTC validaron costos inflados, ignoraron deficiencias en los vehículos y permitieron pagos por un servicio de mantenimiento que nunca se brindó. Todo esto bajo la justificación de que los camiones serían utilizados en la prevención de emergencias climáticas relacionadas con el Fenómeno El Niño. Sin embargo, la realidad es que los vehículos no pueden operar debido a la falta de documentación, permaneciendo estacionados sin cumplir su propósito.
Las irregularidades que delatan la corrupción en la compra de los volquetes
Un sobrecosto millonario avalado por funcionarios de la DRTC
El mayor hallazgo del informe revela que los 18 volquetes fueron adquiridos con sobreprecios, debido a que en sus cotizaciones se incluyó un costo adicional de mantenimiento, cuando este ya estaba considerado dentro del precio del vehículo.
El costo unitario estimado para cada camión volquete fue de S/ 1,235,550, lo que llevó a una compra total de S/ 22,239,900. Sin embargo, dentro de este precio se incluyó un mantenimiento que nunca se brindó, pero que fue cobrado por adelantado. La Contraloría detalla que por 15 de estos camiones se pagaron S/ 1,974,499.95 solo en concepto de mantenimiento, pese a que estos no fueron atendidos ni recibieron el servicio técnico prometido.
El informe también indica que la Dirección de Transportes aceptó estas cotizaciones sin desglosar los costos, lo que permitió que el Consorcio Soluciones de Infraestructura recibiera un pago adicional sin sustento real. Este hecho representa un acto de negligencia y posible colusión entre funcionarios y la empresa proveedora, ya que no existió un control adecuado sobre la contratación ni una verificación del cumplimiento de los servicios contratados.
Falta de documentos esenciales: los volquetes no pueden operar
El escándalo no solo radica en el sobrecosto, sino en que los camiones adquiridos no pueden ser utilizados. Seis de los 18 volquetes aún no cuentan con:
Tarjeta de propiedad
Placas de rodaje
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
Esto significa que estos vehículos no pueden circular legalmente, generando un doble perjuicio: por un lado, la región de Huánuco no cuenta con los equipos que fueron adquiridos para la prevención de emergencias y, por otro, el Estado ya ha pagado por ellos sin que puedan ser utilizados.
El informe enfatiza que esta negligencia afecta directamente la seguridad de la población, ya que estos vehículos debían estar disponibles para la mitigación de desastres en zonas declaradas en emergencia. La pregunta que surge es: ¿por qué se permitió la compra sin exigir que toda la documentación estuviera en regla antes de aprobar los pagos?.
Recepción sin verificar calidad técnica
La Dirección de Caminos de la DRTC recibió los camiones sin que exista un profesional certificado que validara la calidad del producto, lo que representa un peligro potencial para los operadores de los vehículos y una grave falta de control en la gestión de adquisiciones públicas.
A pesar de esta falta de verificación, los funcionarios aprobaron la conformidad de la compra y autorizaron el pago completo al proveedor. Esto demuestra una total omisión de responsabilidades y una permisividad inaceptable en la fiscalización de recursos públicos.
EL DATO
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es que los funcionarios responsables no verificaron que los camiones cumplieran con las especificaciones técnicas antes de aceptarlos. En particular, el documento menciona que no se comprobó la calidad de la soldadura de los vehículos, incumpliendo así la norma AWS D1.1.2015, que regula los estándares de fabricación.
