Jorge Farid Gabino González
Que el presidente de la República tenga la libertad, reconocida por la Constitución, de designar a quien le plazca como ministro de Estado es algo contra lo que, mal que nos pese, los ciudadanos comunes y corrientes no podemos hacer absolutamente nada. Y es que aun cuando, en teoría, uno sería dado a suponer que ningún presidente, por muy mal de la cabeza que pudiera estar, cometería el desatino, el despropósito, la necedad, de nombrar en dicho cargo a alguien no digamos ya con las mínimas credenciales profesionales, académicas y técnicas para el ejercicio de tan importante función sino incluso carente por completo de estas, lo cierto es que, si hay algo que los peruanos hemos podido constatar desde inicio mismo de la gestión del señor Pedro Castillo, es que esto último no solo es posible (y generalizable, además, a otros ámbitos de la administración pública), sino que además todo hace indicar que habrá de ser la constante mientras dure su calamitoso gobierno.
Esto porque, lejos de haber corregido sus iniciales desastrosas elecciones de ministros cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y esto mediante acciones concretas que demuestren en los hechos que tiene la voluntad de rodearse de gentes verdaderamente cualificadas para el ejercicio de la función pública, lo que el presidente Castillo ha hecho, más bien, ha sido todo lo contrario, esto es, ha persistido en la actitud necia de continuar convocando a individuos que, en lugar de cambiarle la cara a su ya de por sí incompetente gestión, solo han contribuido a acrecentar la sensación de que el actual presidente del Perú está capacitado para cualquier cosa menos, claro está, para el ejercicio del importante cargo confiado a él en las urnas.
Lo preocupante del asunto es que esta suerte de propensión del Ejecutivo a subestimar la importancia de la meritocracia al momento de elegir a quienes habrán de ocupar los más altos cargos públicos estaría amenazando con trascender el ámbito ahora enrarecido del Ejecutivo. Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien en un arrebato de demagogia y desfachatez no tuvo mejor idea que anunciar, como si de una gran noticia se tratara, que convendría eliminar la evaluación que en la actualidad se viene aplicando a los maestros que deseen ingresar a la carrera pública magisterial, bajo el argumento de que el estar año tras año en las aulas en condición de contratados sería más que suficiente para que dichos docentes demuestren su calidad profesional y, en consecuencia, para que pasen, asimismo, a ser nombrados automáticamente.
Situación que, de concretarse, y existen no pocas probabilidades de que ello ocurra, echaría por tierra todo lo avanzado en los últimos años en materia de mejora de la calidad educativa. Calidad educativa que podrá estar todavía lejos de los niveles que nos gustaría, pero que, con todo y con eso, dista muchísimo de la que teníamos hace poco más de una década, cuando no existían, o existían en escasísima medida, las directrices que hoy guían a la Educación Básica en nuestro país.
Naturalmente, sería ingenuo pensar que lo dicho por el ministro en cuestión solo sería una opinión personal, y no, como tiene que ser cuando se trata de un anuncio de esa envergadura, algo que previamente hubiese tenido el visto bueno del presidente, que es quien, en teoría al menos, toma las decisiones que revisten una mayor importancia para los intereses del país. De ahí que, por el anuncio este de que podría dejarse sin efecto la evaluación a los docentes que desearan ingresar a la carrera pública magisterial no solo deba criticarse, y duramente, al susodicho ministro de Educación, pues queda claro que detrás de todo esto se encuentra también el presidente Castillo, que insiste, y solo el tiempo dirá hasta qué punto es capaz de llegar, en desmerecer el enorme sacrificio que significa para una persona en este país el no quedarse solo con el título, el seguir preparándose a lo largo de toda su vida para alcanzar la realización personal y profesional.
¡Pero cómo no van a estar en contra de las evaluaciones quienes jamás las han rendido o, si lo han hecho, han salido reiteradamente desaprobados en ellas! Que las evaluaciones de desempeño docente o las de ingreso a la carrera pública magisterial puedan tener muchas cosas que mejorar es indiscutible. Es más, después de las lecciones dejadas por la pandemia, resulta obvio que se tiene que implementar toda una serie de cambios en los instrumentos y protocolos de evaluación que hasta 2019 se venían aplicando. Pero, de ahí a pretender que se deban suprimir las evaluaciones a los docentes, y, lo que es peor, sin el mínimo respaldo técnico que lo sustente y sin tener en cuenta los terribles efectos que esto podría acarrear en la formación de los estudiantes, hay un verdadero abismo. Abismo al que, al paso que vamos, habremos de caer los peruanos más temprano que tarde, si la cordura, si la sensatez, si el buen juicio, no se instalan de una vez por todas en la cabeza del presidente, y lo llevan a tomar decisiones que, en lugar de terminar de mandar a la mierda al Perú, lo ayuden más bien a levantarse.
