El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo de 24 meses, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2024-JUS. La medida responde al grave déficit de capacidad de albergue en los penales y busca fortalecer los procesos de resocialización de las personas privadas de libertad.
La emergencia incluye la elaboración de una Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria, que deberá ser aprobada en un plazo máximo de 45 días hábiles. Esta estrategia tiene como finalidad garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, aprobada previamente mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-JUS, la cual está enfocada en la resocialización y reintegración efectiva de los internos.
Entre los objetivos principales de esta política destacan la mejora de la infraestructura penitenciaria, el incremento de programas de rehabilitación y la profesionalización del personal del INPE. Con esta estrategia, el Gobierno busca atender de manera urgente los problemas críticos del sistema, como el hacinamiento, la falta de recursos y la limitada atención a la salud y educación de los internos.
La medida es un paso importante hacia la modernización del sistema penitenciario peruano y busca enfrentar los desafíos que comprometen la seguridad y los derechos humanos en los centros penitenciarios.
