Ayer el Pleno del Tribunal Constitucional, en una jugada de los mejores maestros del ajedrez, resolvió dos situaciones que preocupaban no sólo a los políticos, sino al pueblo en general. En primera instancia rechazaron la medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por su decisión de disolver el Congreso, y admitieron a trámite la demanda competencial, que tendrá que seguir su curso a partir del 4 de noviembre, fecha en la que será publicado el documento, después del feriado largo. El TC tiene 30 días hábiles para contestar de una u otra forma. Todo esto no interrumpe el proceso electoral, textualmente fueron las palabras del presidente del TC, Ernesto Blume.
El magistrado Carlos Ramos Núñez, estuvo a cargo de la ponencia del caso, y en su informe recomendó que el recurso continúe su proceso en el interior del TC. La aprobación fue unánime, por los siete magistrados que integran el TC, mientras que la medida cautelar para suspender la disolución del parlamento el pasado 30 de setiembre, fue declarada improcedente.
Esto significa un claro revés para el fuji-aprismo, quienes a toda costa pretendían continuar conservar su curul, para mantener los beneficios del poder como sueldo, inmunidad y más.
Una gran mayoría de excongresistas registran denuncias por corrupción y tráfico de influencias. Este último, podría ser considerada como la más leve, ya que definitivamente pesan denuncias sumamente serias sobre ellos.
Como una casa de naipes, estos mal llamados partidos políticos, vienen desmoronándose, al igual que sus falsas intenciones de bien común. Eso es nuevamente visible, con el afán de muchos de salir elegidos como candidatos para las próximas elecciones. Es por eso, esencial saber muy bien por quien votar.
