El país vive una profunda crisis de corrupción a todo nivel y la orden de prisión para la “Señora K” que dispuso ayer el valiente juez Concepción Carhuancho podría ser el inicio de una etapa de moralización aplicando sanciones ejemplares a fin de cortar las malas prácticas enquistadas en todos los niveles del Gobierno por parte de nuestras autoridades, quienes valiéndose del cargo se hicieron millonarios con los diezmos y coimas por obras direccionadas en las licitaciones.
A nadie le deseamos que se vaya preso, ni menos que pierda su libertad, es el segundo don más preciado de la persona humana, después de la vida, pero tenemos que asumir que nuestras acciones generan consecuencias o reacciones. Peor aún, si estas acciones están motivadas por ambiciones ciegas y mezquinas.
La pena de prisión preventiva de 36 meses aplicada a la Sra. Keiko Fujimori debería de ser la primera de una serie de castigos drásticos a otros grandes cabecillas de organizaciones de corrupción como el expresidente Alan García, considerado el más grande corrupto de la historia del país. Este personaje hizo prescribir su primer delito por las coimas recibidas del tren eléctrico, y en su segundo gobierno, también estuvo muy involucrado con la corrupta empresa brasileña Odebrecht. Obviamente, también se deberá capturar a Alejandro Toledo, por los 20 millones de dólares que recibió de las empresas cariocas. Asimismo, a la señora Susana Villarán, quien también recibió dinero ilegal para su campaña en contra de la revocatoria. Ni qué decir de don Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Nadie se debe de escapar al peso de la justicia, ni los ladrones ni los corruptos más pequeños como los alcaldes y presidentes regionales que tienen juicios por todos lados.
El juez Concepción Carhuancho dijo: “no hay lonche gratis” en alusión a que recibieron dinero con la finalidad de entregar obras con enormes presupuestos, con los acostumbrados adicionales, que son una de las tantas formas de robarle al Estado en contubernio con las constructoras.
Que la prisión preventiva para Keiko, quien enfrenta una sentencia mínima de 10 años, sea una advertencia a las nuevas autoridades, para trabajen para el bienestar de sus pueblos, y dejen de pensar en coimas y diezmos para enriquecerse.