La Fiscalía de la Nación ha dado por finalizada la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de información en documentos oficiales. El caso, que se amplió por ocho meses tras ser declarado complejo, llegó a su fin el pasado 17 de enero, según anunció el fiscal supremo adjunto Luis Ballón Segovia durante una audiencia judicial.
Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no ha precisado si procederá con una denuncia constitucional ante el Congreso o si se archivará la causa. Según Karem Barboza Quiroz para El Comercio.
Los cargos contra Dina Boluarte
Las investigaciones apuntan a que, entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024, Boluarte habría incrementado de manera ilícita su patrimonio mientras ocupaba altos cargos públicos, primero como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta del Perú.
Entre los elementos analizados por la fiscalía, se encuentran:
🔹 Incremento en sus cuentas bancarias por S/ 432,932.25, sin una justificación clara de su origen.
🔹 Depósitos de origen desconocido entre julio de 2021 y agosto de 2022.
🔹 No haber declarado tres relojes Rolex, cuyo valor estimado sería de S/ 120,000 (aproximadamente USD 32,000).
En marzo de 2024, Boluarte admitió haber usado relojes Rolex, pero aseguró que fueron un préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, lo que generó un mayor cuestionamiento sobre su patrimonio.
Ahora, la Fiscalía de la Nación deberá decidir si presenta una denuncia constitucional, siguiendo lo establecido en el artículo 99 de la Constitución y el Código Procesal Penal, o si dispone el archivo del caso.
La defensa de Boluarte y el rechazo de la fiscalía
Durante la audiencia del caso, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, solicitó la realización de nuevas diligencias para interrogar a los peritos del Ministerio Público y la Contraloría, quienes realizaron informes sobre el patrimonio de Boluarte.
Sin embargo, el fiscal Luis Ballón Segovia rechazó el pedido, calificándolo de “dilatorio e inadmisible”.
«En la etapa de diligencias preliminares solo se realizan actos de investigación urgentes e inaplazables. No es posible realizar una actuación probatoria que, por regla general, se lleva a cabo en juicio oral», explicó el fiscal.
Asimismo, enfatizó que la defensa de Boluarte tuvo tiempo suficiente para presentar cuestionamientos durante la investigación y que, de hecho, ya acreditó a su propio perito de parte.
«La presente investigación preliminar feneció el 17 de enero de 2025. No existe plazo legal para continuar desarrollando actos de investigación urgentes e inaplazables», sentenció Ballón Segovia.
¿Qué pasará con la investigación?
La Fiscalía deberá ahora decidir si formula una denuncia constitucional contra Boluarte ante el Congreso o si archiva la investigación.
La defensa de la presidenta argumenta que los informes periciales no se explican por sí solos y que, por lo tanto, es necesario un interrogatorio y contra-interrogatorio de los expertos para determinar la veracidad de las conclusiones.
«La única forma de saber si estas conclusiones son confiables es sometiendo a los peritos a preguntas de rigor», insistió Portugal.
A pesar de ello, la fiscalía considera que la defensa ha mostrado una posición incoherente, pues antes presentó un “control de plazo” para que la investigación terminara en los primeros 60 días y ahora pretende ampliarla.
«Primero exigen que se cierre el caso y ahora buscan prolongarlo. Esto solo tiene un propósito dilatorio», subrayó Ballón Segovia.
Los escenarios posibles
Si la fiscalía presenta una denuncia constitucional, el Congreso deberá evaluar si la acepta y procede con un juicio político que podría llevar a la inhabilitación de Boluarte.
Si el caso se archiva, se cerraría el proceso, aunque la fiscalía podría retomarlo si aparecen nuevos indicios de irregularidades.
Si el Congreso admite la denuncia, se abriría una investigación más profunda y la mandataria podría enfrentar una eventual acusación ante el Poder Judicial.
Mientras tanto, la presidenta sigue en funciones, pero su situación legal sigue siendo incierta.
