La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema central en la agenda política peruana, impulsando iniciativas gubernamentales que buscan ofrecer soluciones a la creciente ola de criminalidad. En este contexto, la administración de Dina Boluarte implementó una estrategia denominada «cuarto de guerra», con el objetivo declarado de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y ofrecer una respuesta más contundente a la percepción de inseguridad ciudadana.
Según la investigación publicada por El Comercio, la decisión de crear este espacio surgió a raíz de incidentes de alto impacto, como el asesinato del cantante Paul ‘El Russo’ Flores, que generaron una fuerte presión pública y política sobre el gobierno. Dos días antes de que el Congreso censurara a Juan José Santiváñez como ministro del Interior, la mandataria anunció la instalación del «cuarto de guerra», prometiendo un seguimiento exhaustivo de las acciones contra la delincuencia.
El «cuarto de guerra» sesionó en 14 oportunidades entre el 19 de marzo y el 3 de abril, aunque solo 12 de estas reuniones culminaron con pronunciamientos públicos televisados. Dichos mensajes, con una duración promedio de 12 minutos y 8 segundos, buscaban transmitir a la ciudadanía las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra el crimen. El gobierno justificó la necesidad de este espacio como una respuesta a la crisis de inseguridad y un intento de apaciguar las críticas del Parlamento, especialmente ante la amenaza de destitución del entonces ministro del Interior.
Un elemento central de la estrategia comunicacional del gobierno fue la divulgación diaria de cifras sobre operativos, detenciones y patrullajes realizados por la Policía Nacional. Sin embargo, estas estadísticas no incluían datos sobre el número de asesinatos y extorsiones, generando cuestionamientos sobre la transparencia y alcance real de la información proporcionada. En contraste, datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelaron que, hasta el 31 de marzo, se registraron 554 homicidios en el país, lo que equivale a un promedio de seis asesinatos diarios.
Paralelamente a la implementación del «cuarto de guerra», el gobierno de Boluarte ha expresado su descontento con la cobertura mediática de la crisis de inseguridad, acusando a los medios de comunicación de no difundir los «logros» de su gestión. Esta tensión se manifestó en 14 ataques a la prensa entre mediados de enero y fines de marzo, incluyendo quejas directas sobre la forma en que se informaba sobre la ola de criminalidad. Ante este panorama, el Ejecutivo incluso propuso la instauración de una «franja informativa», iniciativa que fue posteriormente descartada tras ser calificada como «anticonstitucional» y «antidemocrática» por diversos sectores.
A pesar de las críticas y controversias, el gobierno defendió la utilidad del «cuarto de guerra» como un espacio de coordinación y seguimiento de las acciones contra el crimen. Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la presidenta Boluarte se reunía individualmente con las altas autoridades de la Policía, las Fuerzas Armadas, Migraciones y el Instituto Nacional Penitenciario, así como con los ministros de los sectores correspondientes. Estas reuniones, según las fuentes, permitieron a la mandataria evaluar las cifras y propuestas presentadas, y decidir la forma de comunicar los resultados a la ciudadanía. Finalmente, el 16 de abril, Dina Boluarte anunció el cierre de esta etapa, pero reafirmó el compromiso de seguir monitoreando la situación con ministros, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
