La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien es investigada por presuntas violaciones a los derechos humanos y la muerte de manifestantes durante las protestas que marcaron el inicio de su gobierno, ha generado una nueva controversia al criticar abiertamente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos.
Durante la ceremonia de presentación de la Maestría en Derechos Humanos del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, la mandataria cuestionó la labor de estas instituciones y reafirmó su postura en defensa del Estado. “Esta maestría es un compromiso con la defensa del Estado de derecho, la soberanía nacional y los principios de la democracia. No formamos burócratas ni activistas extremistas. Formamos líderes con pensamiento crítico, arraigado con valores de personalidad individual y respeto por las instituciones tutelares”, señaló Boluarte. Segun Mariana Quilca Catacora para Infobae
Sus declaraciones han sido interpretadas como un intento de desacreditar el papel de los organismos que han denunciado violaciones a los derechos humanos en su gestión. La presidenta insistió en que la democracia está bajo constante ataque de “ideologías colectivistas y estatistas” que buscan debilitar las bases de la sociedad.
Críticas a las ONG y defensa de las fuerzas del orden
En su discurso, la mandataria no solo reafirmó su postura sobre la institucionalidad del Estado, sino que también lanzó duras críticas contra las ONG, acusándolas de defender a criminales mientras abandonan a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad, el Estado y deslegitimar el principio del orden. No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegios de los criminales, mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte”, declaró Boluarte.
Asimismo, alertó sobre un presunto “uso indebido de los derechos humanos” en distintos países, señalando que en algunos casos se han empleado estos argumentos para promover agendas que desestabilizan la democracia y debilitan la soberanía nacional.
El impacto de las protestas y la respuesta del gobierno
Las declaraciones de Boluarte se producen en un contexto en el que su gestión sigue siendo cuestionada por la represión de las protestas y la violencia estatal, que dejó más de 50 fallecidos. Desde el inicio de su gobierno, la presidenta ha construido un discurso en el que responsabiliza a los manifestantes por los hechos de violencia, calificándolos en diversas ocasiones como “violentistas”, “separatistas” e incluso “terroristas”.
En su mensaje a la Nación de 2023, ofreció disculpas por lo sucedido; sin embargo, hasta la fecha no ha asumido responsabilidad directa ni ha reconocido los excesos cometidos por las fuerzas del orden.
La falta de reconocimiento de estas violaciones ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales. Un informe de Amnistía Internacional señala que la presidenta y su equipo de gobierno podrían enfrentar cargos por graves violaciones a los derechos humanos.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El documento enfatiza que las órdenes y estrategias implementadas por el Ejecutivo contribuyeron a la represión que terminó con la vida de decenas de manifestantes.
El papel del Congreso y el retroceso en derechos humanos
El gobierno de Dina Boluarte ha sido criticado no solo por su respuesta a las protestas, sino también por su falta de oposición a iniciativas legislativas que vulneran los derechos humanos.
Uno de los ejemplos más recientes es la aprobación de una norma que otorga amnistía a personas sentenciadas por delitos de lesa humanidad, decisión que ha sido cuestionada por organismos internacionales. A pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que el Ejecutivo observase esta norma, el gobierno de Boluarte optó por no tomar ninguna acción en contra de la medida.
La falta de compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respaldo a iniciativas que podrían debilitar la rendición de cuentas han generado preocupaciones sobre el futuro del país en esta materia.
Dina Boluarte y su lucha contra la comunidad internacional
Además de su discurso contra las ONG y su falta de acción frente a iniciativas legislativas controvertidas, el gobierno de Boluarte ha mostrado un distanciamiento con la comunidad internacional. Su administración ha rechazado varias resoluciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, que han instado al Perú a investigar de manera imparcial los abusos cometidos durante las manifestaciones.
Esta postura ha llevado a que el país enfrente un creciente aislamiento diplomático y un debilitamiento de sus relaciones con sectores clave de la comunidad internacional.
¿Qué viene para el Perú?
El discurso de la presidenta refuerza la visión de un gobierno que prioriza el orden y la institucionalidad sobre las preocupaciones de derechos humanos. Sin embargo, la falta de reconocimiento de los abusos cometidos y el cuestionamiento constante a los organismos defensores de derechos humanos podrían seguir generando tensiones en el ámbito nacional e internacional.
Para muchos analistas, la verdadera prueba será la respuesta del gobierno ante futuros conflictos sociales. La represión como estrategia de control ha demostrado ser altamente costosa, tanto en términos de vidas humanas como de legitimidad política. La gran pregunta es si el gobierno de Dina Boluarte tomará un rumbo distinto o si seguirá profundizando la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.
