Comuna, a cargo de Joel Cruz, habría otorgado la buena pro a una empresa que no garantizaba una obra de calidad
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio económico por un monto superior a 1 millón de soles en el proceso de licitación para la construcción del camino vecinal de Marayzondor-Santo Domingo de Rondos– Huillaparac. Cuya obra realizaba la Municipalidad Distrital de San Rafael (Ambo), a cargo del exalcalde Joel Cruz Gutiérrez.
Según la CGR, el comité de selección incorporó requisitos obligatorios prohibidos por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), lo que permitió que gane la mayor oferta económica y menos ventajosa para la municipalidad de San Rafael.
“Del mismo modo, respecto a otros requisitos, como el certificado de vigencia de poder, que fue mostrada vencida por un licitante, y que el comité decidió no admitirlo, limitando la posibilidad de ser corregido, conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado”, resaltó la contraloría.
Con ese argumento, el comité habría inhabilitado al resto de postores, a pesar de que cumplían con la documentación solicitada. “Lo que llevó a que solo se evaluará la oferta del licitador con la mayor oferta económica de S/ 10 491 802 con respeto a la oferta de S/ 9 442 623”, aseveró.
Según el informe n° 021-2022-2-0398, el comité de selección para el proceso de licitación de dicha obra anexó requisitos que están prohibidos por la Ley de Contrataciones del Estado para licitar con el estado.
Así luce el caso
Las autoridades detectaron que el comité de selección incorporó a las bases dos declaraciones juradas como requisitos obligatorios.
“El primero fue que los postores presenten la declaración jurada de garantía y vicios ocultos de la obra, donde debían indicar el inicio y fin del plazo ofertado, y una segunda declaración jurada del plazo de ejecución de la obra, que obligaba a que se puntualizara el inicio del cómputo de plazo”, sostuvo.
En la primera declaración jurada, los licitadores si cumplieron con el respectivo requisito, detallando que la garantía es responsabilidad del contratista por un período de siete años, y que los vicios ocultos serían contabilizados a partir del acta de recepción de la obra.
“El comité de selección admitió solamente al postor ganador, a pesar de que las declaraciones de los otros licitantes también cumplían los principios de competencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones públicas”, señaló el informe.
En cuanto a la segunda declaración jurada, los participantes en este proceso de licitación también cumplieron con dicho requisito, en el que manifestaron que el plazo de ejecución sería de 360 días calendarios.
“Sin embargo, nuevamente el comité solo aceptó la oferta de uno de los postores, a pesar de que dichos requisitos se incorporaron al margen de lo previsto en las bases estándar de OSCE”, acotó.
Por último, el informe afirmó que la Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en cuatro exfuncionarios de la municipalidad de San Rafael, por haber incorporado requisitos obligatorios a las bases, pese a estar prohibido.
“Lo que permitió otorgar la buena pro al postor con elevada oferta económica, y por haber generado perjuicio en contra de la entidad. La Contraloría ha notificado al titular de la entidad para que deslinde responsabilidades y al procurador público para que inicie las acciones legales”, finalizó.
EL DATO
Esta situación ocasionó un daño económico de S/ 1 049179 al otorgar la buena pro a la empresa que presentó una oferta menos conveniente para la Municipalidad Distrital de San Rafael.
