El Ministerio Público de Perú ha decidido acelerar las investigaciones relacionadas con las muertes y violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Este estallido social se desató tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Como parte de esta estrategia para agilizar los procesos y fortalecer la resolución de casos, se ha designado a un equipo de fiscales especializados para que trabajen en el esclarecimiento de estos hechos, que han dejado una huella dolorosa en el país. “Se busca que las investigaciones se realicen con la mayor celeridad, para garantizar que las víctimas reciban justicia y los responsables sean llevados ante la ley”, destacó el Ministerio Público en un comunicado oficial.
Los nuevos fiscales asignados al Equipo Especial de Investigación serán los encargados de coordinar las diligencias en diversas regiones del país, con el fin de esclarecer los trágicos eventos que ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando se registraron cientos de muertes y lesiones durante las protestas sociales. Las regiones más afectadas por la violencia social, como Amazonas, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Piura y La Libertad, serán los escenarios donde estos fiscales designados trabajarán. Además, se ha destacado que las investigaciones se llevarán a cabo en despachos especializados en derechos humanos e interculturalidad para garantizar que los procedimientos respeten los estándares legales y los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Fiscales asignados para esclarecer las muertes y violaciones de derechos humanos
En un esfuerzo por reforzar el equipo encargado de investigar estos casos tan sensibles, el Ministerio Público ha asignado fiscales con experiencia en temas de derechos humanos e interculturalidad a diversas jurisdicciones. “Los fiscales trabajarán en coordinación con las autoridades locales para garantizar que los procesos sean transparentes y estén alineados con los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó la fiscal general en su intervención.
Los fiscales designados son:
- María Luisa Pumayauri Rivera, asignada al Distrito Fiscal de Amazonas.
- Luis Alberto Bautista Hernández, destinado al Distrito Fiscal de Arequipa.
- Yaneth Ñahue Gaona, también asignada al Distrito Fiscal de Arequipa.
- Anghela Leidy Álvarez Rodríguez, trabajará en el Distrito Fiscal de Cusco.
- Luz Madeleyne Boza Quilca, encargada del Distrito Fiscal de Lambayeque.
- Miryam Sofía Vásquez De La Cruz, en el Distrito Fiscal de Lambayeque.
- Carlos Ramón Zevallos Torres, investigará en el Distrito Fiscal de Piura.
- Roosmel Ronald Silva Domínguez, en el Distrito Fiscal de La Libertad.
- Jhoselyn Brigitte Fernández Príncipe, también en el Distrito Fiscal de La Libertad.
Estos fiscales estarán encargados de esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas, que se han visto empañadas por la violencia tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden. La finalidad es garantizar que los responsables de las muertes, las lesiones graves y las violaciones de derechos humanos sean procesados judicialmente.
Las investigaciones abiertas: un complejo panorama de violencia y abuso de poder
Las investigaciones abiertas hasta la fecha son numerosas y abarcan distintos incidentes ocurridos en diversas regiones del país. Entre ellas, se encuentran formalizadas 18 investigaciones preparatorias por las muertes y lesiones de 267 personas durante las protestas que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estos casos involucran a más de 150 efectivos de la Policía Nacional y del Ejército del Perú, quienes son investigados por posibles responsabilidades en estos hechos violentos.
Uno de los casos más emblemáticos es el ocurrido en Ayacucho, donde se formalizó una investigación contra 27 miembros del Ejército por los hechos violentos del 15 y 16 de diciembre de 2022, cerca del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte en Huamanga, que dejaron 55 personas afectadas. Entre los investigados figuran altos mandos como Jesús Vera Ipenza, Jimmy Alex Vengoa Bellota, Carlos Vega Pérez y Antero Rosendo Mejía Escajadillo, quienes son acusados de abuso de poder y violencia extrema contra los manifestantes.
En la región de Puno, se abrieron tres investigaciones contra 24 policías por la muerte de dos personas en Macusani el 18 de enero de 2023, así como también contra 19 efectivos del Ejército y la Policía por los incidentes ocurridos cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac, en los que murieron 18 personas y más de 100 resultaron heridas. Además, se investigan los hechos ocurridos en San Román (Juliaca), donde otros tres policías están bajo investigación por posibles violaciones de derechos humanos.
En Cusco, se iniciaron dos investigaciones: la primera involucra a 20 policías por los hechos ocurridos el 11 de enero de 2023 en la avenida 28 de Julio, que dejaron 30 personas heridas; la segunda se enfoca en otros dos agentes de la misma institución, quienes también están bajo investigación por presunta violencia policial.
En Apurímac, se formalizaron dos casos relacionados con el enfrentamiento entre policías y manifestantes en la carretera Nazca-Cusco el 9 de febrero de 2023, que dejó seis personas afectadas. También se investiga a seis policías adicionales por otros incidentes relacionados con las protestas en la misma región.
En Lima, se han abierto cuatro investigaciones, una de las cuales se refiere a la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca el 28 de enero de 2023, en un incidente relacionado con la represión de las manifestaciones. Las otras investigaciones se centran en hechos ocurridos en diciembre de 2022 y en enero y marzo de 2023, en los que tres personas resultaron heridas por las fuerzas del orden.
Por último, en Ucayali, las investigaciones se centran en dos altos mandos policiales por lesiones graves y abuso de autoridad contra ocho personas durante los incidentes ocurridos el 17 de diciembre de 2022 en Huipoca, y en Arequipa se han abierto tres investigaciones por hechos ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, que afectaron a 13 personas.
El reto de la justicia: cuestionamientos sobre la imparcialidad y la rapidez de las investigaciones
Pese al esfuerzo realizado por el Ministerio Público, los deudos de las víctimas han expresado su descontento por los constantes cambios de fiscales a cargo de las investigaciones. “Los cambios frecuentes de fiscales en estos casos solo han generado más incertidumbre y han retrasado el proceso judicial”, afirmó un portavoz de las víctimas. La falta de continuidad en los encargados de los casos ha sido una de las críticas más recurrentes, ya que muchos temen que esto prolongue indefinidamente la búsqueda de justicia y aumente la sensación de impunidad.
El alcalde de Lima también se sumó a las críticas, instando al Ministerio Público a garantizar que los responsables de las muertes y las violaciones a los derechos humanos sean juzgados de manera justa y rápida. “Es esencial que las investigaciones no se vean empañadas por intereses políticos y que se actúe con imparcialidad para que las víctimas obtengan la justicia que merecen”, subrayó.
Un compromiso con los derechos humanos y la justicia
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que los fiscales encargados de las investigaciones trabajarán sin presiones y con el objetivo de esclarecer todos los hechos ocurridos durante las protestas. “Las víctimas de las protestas y sus familias merecen saber la verdad y que los responsables de las violaciones a los derechos humanos enfrenten las consecuencias de sus actos”, afirmó la fiscal general en su intervención.
A pesar de las críticas y los obstáculos, el compromiso de las autoridades con la búsqueda de justicia se mantiene firme. El caso de las muertes en las protestas sigue siendo un tema pendiente de resolución, pero el Ministerio Público continúa trabajando para garantizar que no haya impunidad y que los responsables sean llevados ante la justicia.