En un panorama de creciente tensión política en Perú, las denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte y varios miembros de su gabinete parecen estancadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Hasta la fecha, se acumulan siete denuncias relacionadas con la represión a las protestas a finales de 2022 e inicios de 2023, ninguna de las cuales ha sido declarada procedente.
El proceso ha sido lento, con algunas de las denuncias encarpetadas durante más de un año y otras aún en espera de evaluación. La situación ha levantado críticas sobre la posible parcialidad y el manejo político de estas acusaciones, especialmente con la posibilidad de un cambio en la presidencia de la Subcomisión, actualmente controlada por Alianza Para el Progreso (APP).
Las acusaciones incluyen cargos de homicidio calificado, lesiones graves e infracciones a la Constitución, implicando a exministros y altos funcionarios junto con Boluarte. Sin embargo, la presidenta, por mandato constitucional, no puede ser acusada mientras esté en el cargo, a menos que se trate de delitos específicos como traición a la patria o impedimento del sistema electoral.
La situación legal de los exministros es diferente, ya que no están protegidos por la inmunidad presidencial y podrían enfrentar cargos si se aprueba el antejuicio político. A pesar de esto, la falta de acción en estas denuncias continúa, con un futuro incierto y debates internos en APP sobre la dirección de la Subcomisión.
Este estancamiento y la aparente falta de avances en las investigaciones reflejan las complejidades y los desafíos de la justicia y la política en Perú.
