Denuncian direccionamiento en contratos CAS

Los contratos CAS que se realizan en el Hospital Hermilio Valdizán están siendo direccionados, así lo denunciaron las enfermeras técnicas Sabina Pulido Ríos y Guadalupe Pérez Viviano, quienes acusaron al director del hospital regional Esly Anderson Motta, de avalar irregularidades en el proceso.

Las denunciantes refieren que recibieron sus cartas de despido y en sus puestos de trabajo están colocando a personal sin la debida capacidad. Pulido Ríos refiere que desde 2012 trabaja en el Hospital en la Unidad de Seguros del SIS, pero en la convocatoria de 2016 están convocando los servicios de estudiantes con estudios no concluidos en administración o contabilidad.

“Cuando hubo la convocatoria para asumir el cargo, pedían como requisito ser enfermera técnica con experiencia laboral en hospital nivel II-2; pero ahora están convocando a practicantes. Todas las plazas del contrato CAS están direccionadas; incluso se comete una arbitrariedad con nosotras porque no podemos presentarnos al concurso”, declaró.

A su turno, Pérez Viviano, quien también labora en la Unidad de Seguros del SIS, refiere que a pesar de tener una resolución administrativa por lactancia, recibió una copia simple que le da a conocer el término de su contrato el 29 de febrero.

“Argumentaron que por falta de presupuesto están sacando al personal, pero en la convocatoria se indica que el sueldo será de 1400 soles, más del sueldo que percibía. Tratamos de conversar con el director del hospital pero es un déspota que no nos hace caso”, manifestó.

Dieron a conocer que en similar situación se encuentran otros trabajadores que están siendo despedidos para contratar a personas allegadas al director y al partido del MIDE. Además, refieren, que 15 trabajadoras de limpieza fueron despedidas y les condiciona a ser contratados por una empresa service.

Finalmente, acusaron el desinterés del Sindicato de Trabajadores del Hospital, que para las denunciantes, estarían avalando las irregularidades porque sus familiares están siendo favorecidos en el concurso. Piden la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito para supervisar el proceso de contrato.