Denuncian al administrador del penal de Potracancha

Por dar conformidad de un servicio inconcluso el administrador del penal de Potracancha, Juan José Acosta Cavalíe, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de peculado, falsedad ideológica y colusión junto a 3 empresarios contratados para acondicionar los pozos puestos a tierra de las instalaciones eléctricas del establecimiento penitenciario.
La directora general del Instituto Nacional Penitenciario, Emma Queeli Salas Picón, también fue denunciada por omisión de denuncia porque no tomó ninguna acción correctiva tras conocer las irregularidades de su administrador del penal en Huánuco.
Colusión
El consorcio Nuevo Amanecer, integrado por Héctor Núñez Calero, representante de la Empresa Transjocama SAC, Ulises Marino Santos Olivera, representante de la empresa Representaciones MADS EIRL y Marco Antonio Puquio Almirón, representante de la Corporación Mapotronic SRL, el 3 de noviembre de 2015 se adjudicaron la buena pro para realizar el “Servicio de mantenimiento acondicionamiento de pozos puestos a tierra de las instalaciones eléctricas del establecimiento penitenciario de Huánuco” por S/90 423.73.
Tras firmar contrato, el 26 noviembre tenían 60 días de plazo para terminar el servicio. El 25 de enero, el plazo venció, y el administrador envió el 29 de enero, el acta de conformidad a la Unidad de Administración de la Oficina Regional Oriente Pucallpa del INPE consignando que el servicio fue concluido al 100 % y a su entera satisfacción. Con ello, la Oficina Regional realizó el pago.
Sin embargo, funcionarios de la Oficina Regional (OR) descubrieron que Acosta Cavalíe mintió al dar conformidad porque el servicio quedó inconcluso: de los 32 pozos a tierra contratados solo se hicieron 28 pozos algunos inconclusos y se instalaron cables que no cumplen con el expediente técnico. La comisión conformada por el jefe de la Unidad de Administración del OR del INPE, Néstor Javier Torres Yalán, el asistente legal Javier Santillán Ramos y el técnico en mantenimiento del penal, William López Merino, verificaron que tampoco se hicieron las conexiones de los tomacorrientes.
“El administrador emitió una constancia de conformidad del servicio inexacta (no acorde a la realidad) donde declaró que el servicio había concluido conforme a los términos de referencia estando comprobado que no fue así. Con la conformidad se pagó al contratista sin que el trabajo se haya realizado”, dicen las conclusiones de la inspección.
Esta grave situación, fue informada el 2 de marzo por el jefe de la Unidad de Administración a la directora general del INPE, Emma Salas, pero la directora no separó al denunciado y lo mantiene en el cargo como si nada hubiese pasado.
Denuncia
El 4 de abril, el dirigente Yonel Soto denunció estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. Diez días después, el 14 de abril, el procurador público del INPE, Jorge Alegría Patow, se apersonó al proceso que investiga la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios. El procurador amplió su denuncia por colusión contra el administrador y los empresarios. “Los contratistas sabían que dicha obra estaba inconclusa al igual que el administrador del penal, sin embargo, firmaron el acta de conformidad para hacer ver que se había culminado generando el pago y cancelación indebida del servicio inconcluso en perjuicio económico del Estado”, señala la denuncia.
La Procuraduría solicitó a la Fiscalía el embargo preventivo de los bienes de los empresarios para cubrir el pago de reparación civil en caso se les imponga.