A dos años de los trágicos sucesos que dejaron 49 muertos y más de 300 heridos en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, un grupo de ciudadanos peruanos ha decidido recurrir nuevamente a la justicia internacional. El 27 de febrero de 2025, se presentó una ampliación de la denuncia contra la presidenta de Perú y otras altas autoridades ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
La denuncia original, interpuesta el 20 de agosto de 2024, acusa al gobierno de Boluarte de violaciones graves a los derechos humanos, señalando el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones entre enero de 2022 y febrero de 2023. Según los denunciantes, a la fecha «no se ha procesado judicialmente a ningún responsable por estos hechos», lo que consideran un grave acto de impunidad. Según María Alejandra Gonzales para Infobae.
Nuevas pruebas y falta de justicia en Perú
Entre los firmantes de la denuncia se encuentran figuras como Walter Albán Peralta, Harold Forsyth, Marisol Pérez-Tello e Indira Huilca Flores, quienes sostienen que han surgido nuevos elementos que refuerzan la acusación. «Hasta ahora no se ha llevado a juicio a ningún implicado ni se han presentado acusaciones formales ante el Poder Judicial», enfatiza el comunicado.
El documento también denuncia que la falta de acciones concretas por parte del Estado peruano demuestra una «ausencia total de compromiso con la justicia y los derechos humanos». Ante esta situación, los firmantes consideran que la intervención de organismos internacionales como la CPI es fundamental.
Creación de una Comisión de la Verdad
Además de la ampliación de la denuncia, los firmantes anunciaron su intención de impulsar la creación de una Comisión de la Verdad. Este organismo buscaría esclarecer los hechos, identificar a los responsables y contribuir a la reparación de las víctimas. «No se trata solo de documentar lo sucedido, sino de garantizar que estos crímenes no queden impunes y no se repitan en el futuro», señalaron.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones internacionales que comparten la preocupación por la falta de justicia en el caso. Para los denunciantes, es clave no solo obtener justicia, sino también generar un espacio de memoria y reconciliación para la sociedad peruana.
Los firmantes de la denuncia
El documento presentado ante la CPI ha sido firmado por un grupo diverso de personalidades peruanas, incluyendo exfuncionarios, activistas, académicos y defensores de derechos humanos. Entre ellos destacan Mesías Guevara Amasifuen, Mirtha Vásquez Chiquilín, Sonaly Tuesta, Antonio Maldonado, Cecilia Israel La Rosa, Francisco Eguiguren Praeli, Oswaldo de Rivero Barreto, Ricardo Giesecke Sara LaFosse, Pepi Patrón Costa, Carlos Rivera Paz, Eduardo González Viaña, Marisa Glave Remy, Patricia Paniagua Gutiérrez y Oscar Vidarte Arévalo.
Hechos denunciados ante la CPI
La denuncia detalla los acontecimientos ocurridos durante las protestas en diversas regiones del país. Los manifestantes exigían la renuncia de Dina Boluarte y denunciaban la crisis política tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Según el documento, la respuesta del gobierno incluyó un uso excesivo de la fuerza que resultó en «la muerte de 49 personas y más de 344 heridos». Los denunciantes consideran que estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que el gobierno de Boluarte tiene responsabilidad directa.
Implicaciones internacionales
Esta ampliación de la denuncia ante la CPI refuerza la presión internacional sobre el gobierno peruano. Organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso, exigiendo respuestas y sanciones para los responsables.
Si la CPI decide admitir la denuncia, se abriría una investigación formal que podría derivar en órdenes de arresto contra las autoridades implicadas. «Es un paso clave para que la comunidad internacional reconozca la gravedad de lo sucedido y actúe en consecuencia», afirmaron los denunciantes.
A medida que el proceso avanza en instancias internacionales, en Perú las víctimas y sus familias continúan exigiendo justicia, sin respuesta clara de las autoridades nacionales.
