El abogado y activista austríaco Max Schrems ha presentado una demanda contra Google al considerar que la empresa monitoriza de forma no consentida a los usuarios de Android en la Unión Europea, unos 300 millones.
En la demanda, presentada este miércoles 7 de abril, la ONG liderada por Schrems, Noyb (None of Your Business, No es asunto tuyo), insta a las autoridades francesas a iniciar una investigación contra estas “operaciones ilegales” para obligar al gigante estadounidense a cumplir con las leyes de protección de datos de la UE.
Los teléfonos Android, al igual que los de Apple, generan un código único —el AAID— con el que identifican a cada uno de sus usuarios y monitorizan su comportamiento, desde descargas y aplicaciones más usadas hasta las zonas de la pantalla que toca en cada momento.
A este identificador tienen acceso tanto la propia Google como sus cliente que, según la demanda, analizan el comportamiento de los usuarios.
Impide eliminar el AAID
Schrems señala que Google, además, no sólo genera el AAID sin el consentimiento del usuario, sino que le impide eliminarlo.
“El AAID es como un polvo de color que tienes en tus pies y manos, hace que se pueda ver cada movimiento que haces. Además, no puedes deshacerte de él, solo cambiarle el color”, explicó en un comunicado el abogado de protección de datos de Noyb, Stefano Rossetti.
La ley europea permite que las empresas generen y utilicen este tipo de códigos identificadores, pero siempre que notifiquen al usuario.
El motivo por el que los activistas han decidido interponer la demanda es porque cuenta con un sistema legal con mayores coberturas.
Durante el último noviembre, Noyb demandó a Apple por este mismo motivo y pese a que el caso sigue bajo supervisión de las autoridades reguladoras, la empresa americana notificó que, de cara a su nuevo sistema operativo (iOS14), preguntará a los usuarios por primera vez si quieren tener un código de monitorización o no.
Schrems lleva años de lucha contra los gigantes tecnológicos para asegurar la privacidad de los usuarios. Una denuncia suya provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidara el acuerdo de transferencia automática de datos.
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